Carla y Juan Antonio por fin respiran tranquilos. Desde que la pasada Nochebuena un fondo buitre les comunicó que tenían que irse de casa, no han parado de pelear. Ahora, después de muchos meses están, por fin, apañando los papeles para firmar su alquiler razonable de siete años. Respiran y tienen una sonrisa en la boca.

Saben que son un caso raro porque el alquiler se lo firma un fondo buitre. Estas entidades se llaman así porque se caracterizan por comprar paquetes de deuda o activos de mucho riesgo y recuperar la inversión a toda costa.

En el caso de Valencia compraron grandes cantidades de vivienda a los bancos, mucha de ella alquileres sociales en vigor, a la espera de que finalizaran y poder alquilar las casas por mucho más dinero. Lo habitual es que, una vez llegado a término el alquiler estas entidades se cierren en banda a negociar una renovación con los inquilinos y soliciten el desahucio. Pero en este caso no ha sido -del todo- así. Y tiene mucho que ver la lucha de las vecinas del sindicato de barrio Orriols en Bloc.

También tiene que ver que Carla y Juan Antonio tienen ingresos y que el fondo estuvo abierto a negociar desde el principio. El contrato ancla el alquiler al 30 % de lo que ganen, y en la casa viven ellos dos, su hija, su hijo y sus nietos que van al colegio del barrio valenciano de Orriols. Como ellos, también se han criado allí.

Una familia de Orriols logra mediante la mediacion del Sindicat de Barri de Orriols que un fondo buitre les firme un contrato de alquiler razonable por siete años. GERMAN CABALLERO

El anterior contrato de alquiler se firmó por ocho años con Caixabank y lo pagaron religiosamente. Pero hace un año el fondo Buildingcenter adquirió la vivienda, a la espera de que acabara el contrato. Ocurrió en diciembre y el primer aviso llegó en Nochebuena. "Al principio nos decían que nos querían fuera, que nos teníamos que ir ya y que no había más que hablar", recuerda Carla. Entonces acudieron a las primeras asambleas del sindicato de barrio Orriols en Bloc, que se dedica a ayudar a las vecinas y vecinos de la zona con sus problemas de vivienda. 

Apoyo del sindicato

Lo primero que hicieron fue seguir pagando religiosamente mes a mes, como muestra de buena fe con el fondo, que no volvió a dar señales de vida. Hasta el pasado mes de octubre, que les dio una semana para irse. Como no tenían alternativa se quedaron, y el 7 de octubre, a pie de puerta, el sindicato de barrio paró su desahucio tras conseguir un certificado de vulnerabilidad que acreditaba su situación económica. Eso, según cuentan, desatascó todo.

Momento en el que paralizan el desahucio de Carla.

"Creo que ha tenido que ver, primero, que es un fondo más abierto a negociar que otros, y segundo que la familia estaba acompañada de un sindicato que no estaba dispuesta a dejarlos caer. También que había demostrado su situación de vulnerabilidad y que tiene capacidad de pagar", explica Pablo Barbero, activista del sindicato. Al día siguiente llegó la oferta del fondo: siete años de paz en la vida de Carla y Juan Antonio con un alquiler que rondará los 400 euros.

Pero han sido once meses complicados. Desde que llegó la carta en Nochebuena Carla empezó a moverse por todos lados para intentar encontrar una vivienda alternativa ya que el fondo la quería fuera a toda costa. Al final no encontró nada. "Lo único que me dieron en servicios sociales fue una lista de pueblos donde los alquileres estaban más baratos, diciendo que allí podía ir e intentar alquilarme algo. Me decían que fuera a Gandía u Ontinyent, cuando tengo a los niños matriculados en el colegio del barrio", explica Carla De la Rosa.

Una familia de Orriols logra mediante la mediacion del Sindicat de Barri de Orriols que un fondo buitre les firme un contrato de alquiler razonable por siete años. GERMAN CABALLERO

En el mercado inmobiliario de la ciudad no había tampoco alternativa. "Nos pidieron hasta mil euros de alquiler por un piso. Y que presentáramos aval y 7 meses por adelantado en otro. Así es imposible", lamenta. Así que decidieron quedarse y pelear porque no les quedaba otra.

Los fondos buitre y el barrio

El barrio de Orriols es uno de los más empobrecidos de la ciudad de València, y lleva años sufriendo la resaca de la crisis financiera del año 2008. Desde el final de la pandemia, los casos de familias afectadas por fondos buitre han empezado a brotar como setas por todo el distrito.

"Aquí hay muchas familias que perdieron la casa durante la crisis del año 2008 porque dejaron de pagar. Pero el banco, en lugar de desahuciarlas, se quedó con la vivienda y les firmó un alquiler social en ese sitio a las familias. Pero hubo un momento en que tener esas casas era un problema para los bancos, así que decidió darles salida y venderlas a estos fondos buitre con los contratos de alquiler social a medias", explica Barbero.

"Este año estamos viendo que el alquiler social se le está acabando a muchísimas familias del barrio, cada vez más. Les finalizaba esta año prácticamente a todas. Tenemos infinidad de familias con niños pequeños afectadas", cuenta el activista.

La vía que han encontrado para protegerlas es el escudo social del Gobierno que limitaba los desahucios de las familias vulnerables, pero como explican "ya se ha prorrogado muchas veces, y no va a durar eternamente. Si el escudo social cae puede haber una auténtica guerra social en el barrio", remarca el miembro de Orriols en Bloc.

Pablo reclama medidas políticas para proteger a todas estas familias más allá de una moratoria, y de momento aconseja a las personas afectadas que acudan a las asambleas del sindicato de barrio. Al de Orriols o al más cercano que haya en València. "Por lo menos hay que mandar el mensaje a los fondos de que no nos vamos a ir de las casas tan fácilmente, que vamos a dar guerra y a pelear por los pisos antes de vaciar el barrio", reivindica Barbero.