26 de agosto de 2020
26.08.2020
La Opinión de Murcia
Investigación

Una jueza abre diligencias para resolver si hubo delito por el vagón arrojado al Sil

La Xunta y Confederación Hidrográfica propusieron multar a ADIF con 85.000 euros

26.08.2020 | 08:31
Un vagón terminó en la orilla del Sil y otro, en la ladera

El estrambótico incidente que el pasado 3 de agosto terminó con un vagón suspendido en la ladera y otro que fue arrojado pendiente abajo, hasta terminar en la orilla del río Sil, durante las labores de retirada de un tren de mercancías que había descarrilado el 28 de julio en Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), se investiga ya en vía judicial. La Fiscalía de Ourense abrió una investigación de oficio para determinar si los hechos, por los que la presidenta del ADIF se disculpó en una visita a la zona, pudieron ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente. Además, una jueza tramita diligencias previas para esclarecer el suceso y determinar su relevancia penal. La magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de O Barco de Valdeorras, Nuria Valladares, instruye este caso. Las fuentes consultadas indican que, una vez que se notifique la apertura de diligencias en el juzgado por el episodio de los vagones del Sil, la Fiscalía cerrará su investigación de oficio, remitiendo a dicha sede las conclusiones o la documentación que haya recabado hasta ese momento, para que Instrucción 2 concentre las pesquisas.

Por estos hechos, que causaron indignación tras la difusión de varios vídeos en las redes sociales en los que se aprecia la retirada de los vagones del río, e incluso cómo una pala vuelca el que terminó en el cauce tras caer ladera abajo, tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tramitaron sendos expedientes sancionadores contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El gobierno autonómico, que envió sendas cartas a los ministros de Transportes y de Transición Ecológica exigiendo que se depuraran responsabilidades, propuso una multa de 35.000 euros, por una falta grave en materia de gestión de residuos, mientras que la Hidrográfica estableció una cuantía en 50.000 euros, una resolución no firme, con la posibilidad de recurso por parte del ADIF.

El derecho penal tiene preponderancia sobre el administrativo cuando se analizan hechos de la misma naturaleza, por lo que cabe la posibilidad que los expedientes queden en suspenso hasta que recaiga sentencia o resolución de archivo en el ámbito judicial. Ya sucedió algo similar en otros presuntos delitos contra el medio ambiente, como la contaminación que causó una mortalidad masiva de peces en el Barbaña a su paso por Ourense, en 2009, un caso que llegó a juicio en 2018 y terminó en absolución.

El 28 de julio, el tren de mercancías se dirigía vacío a Toral de los Vados (León). A unos 400 metros de la estación de Sobradelo, descarrilaron 11 de los 25 vagones del convoy. No se produjeron daños personales. El tráfico ferroviario tuvo que ser cortado. Siete fueron retirados horas después, mientras que otros cuatro vagones quedaron en la zona. Uno fue arrojado al río y el otro quedó en la pendiente. ADIF alegó que "en las labores de encarrilamiento, en las que colaboraba Renfe, era necesario apartar cuatro vagones para reparar la vía. Dada la complicada accesibilidad de la zona y con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores, se trataba de una condición indispensable previa para situar una grúa ferroviaria en paralelo a los vagones y suspenderlos para encarrilarlos". Su versión es que durante las maniobras, "un vagón se pudo desplazar correctamente" mientras que el segundo "se precipitó" al cauce.

Un impacto "mínimo", dijeron

En una visita al lugar, el presidente de la Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga, manifestó que "la afección a las aguas del Sil fue mínima: arrastres de tierra y sin presencia de aceites, si bien la zona ha de ser recuperada del daño medioambiental a la mayor brevedad". Por su parte, la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, lamentó "profundamente lo sucedido" y aseguró que comprendía la indignación. Indicó que "desde el minuto cero" habían procedido a la apertura de una investigación, al considerar "esencial conocer cómo se han producido estos hechos para que no vuelvan a producirse". Pardo de Vera anunció sobre el terreno que ADIF, adoptaría "todas las medidas con respecto a la cadena de responsabilidad" para que "impactos de este tipo no vuelvan a producirse" y para "mantener un compromiso de transparencia". Con todo, también veía "mínimo" el impacto medioambiental.

El administrador ferroviario procedió al desmontaje e izado de los vagones, empleando dos grúas de 80 toneladas tras construir previamente un acceso para vehículos desde la estación de Sobradelo. Pidió autorizaciones a la Xunta y a Confederación para dichas labores, en las que fue necesario desmontar la catenaria. Tras la retirada, el tráfico quedó restablecido. Las consecuencias del incidente siguen investigándose.

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