Los niños con necesidades educativas especiales como los que sufren Trastorno del Espectro Autista (TEA) no tienen cabida en la Escuela de Verano Municipal de Orihuela, que gestiona una empresa a través del programa «Oriverano», ya que, en su mayoría, estudian en aulas específicas y de Comunicación y Lenguaje (CYL) dentro de los colegios. El pliego de condiciones por el que rige este contrato que, pese a los requerimientos de los padres con niños con diferentes discapacidades no se ha cambiado en estos años, señala que podrán ser atendidos en el programa solo los alumnos con necesidades especiales que estén escolarizados «en aulas ordinarias, de edades comprendidas entre 3 y 12 años». Y deja fuera a todos aquellos alumnos que, a pesar de estudiar en colegios ordinarios, lo hacen en aulas específicas y que no pueden disfrutar de este programa que ofrece talleres, actividades, excursiones y visitas para pasar «un verano diferente» como publicita la web de «Oriverano».

El plazo de inscripción para que los escolares oriolanos puedan apuntarse al programa se inició el pasado 1 de junio, pero hay 5 niños con autismo que no podrán hacerlo y 3 para los que no hay suficientes recursos, según denuncia la Asociación LiberTEA. No es el primer año que lo intentan, pero ahora quieren hacer ver la discriminación que sufren estos chavales tras las promesas incumplidas de la Concejalía de Educación, de quien depende la Escuela de Verano Municipal. Esta asociación se reunió el pasado 3 de mayo con representantes de dicha concejalía, de la de Bienestar Social y con la directora de «Oriverano». Allí, según ha explicado al diario alicantino Información la presidenta de LiberTEA, Cristina Albaladejo, «se acordó que la empresa pusiera un monitor para estos niños con necesidades especiales que, como estipula el contrato se necesita uno por cada 5 niños, y LiberTEA pondría otro». Sin embargo, hace dos semanas la Concejalía de Educación les volvió a convocar para darles una mala noticia. «Nos dijeron que ni la concejalía ni la empresa pondrían ese monitor y que, por tanto, nuestros hijos no tendrían acceso al recurso», explica Albaladejo.

Un jarro de agua fría para estas familias y para los menores que estudian en los colegios Miguel Hernández, Antonio Sequeros, y Villar Palasí. Cuando acabe el presente curso, el 22 de junio, estos chavales con autismo deberán quedarse en casa con sus padres. «El período de vacaciones de verano representa necesidades añadidas para las familias con niños neurotípicos, sobre todo para los autistas, puesto que es muy difícil dejarlos con familiares que los comprendan con el estrés y la ansiedad que les genera el romper con su rutina en el colegio, y la mayoría de padres se ven obligados a solicitar permisos y excedencias en su trabajo».

El programa de Escuela de Verano prevé la atención del alumnado con necesidades educativas especiales señalando que «preferentemente» escolarizado en colegios ordinarios y una de las obligaciones de la empresa es garantizar los medios humanos y materiales necesarios para el adecuado desarrollo del programa. Sin embargo, la empresa y la Concejalía de Educación se escudan en que, a pesar de ser estudiantes de colegios ordinarios, no están en las clases del resto de alumnos sino en unas específicas y de Comunicación y Lenguaje, lo que es suficiente a juicio de estas para excluirlos. «Están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, de los que tienen autismo, de los derechos, al fin y al cabo, de los niños, de nuestros hijos», señala, indignada, la presidenta de LiberTEA, quien ha enviado a Educación una propuesta para hacer del programa una escuela de verano inclusiva, ofreciéndose a pagar un monitor y con una lista de voluntarios de su asociación con los conocimientos necesarios.

Ediles

El diario Información contactó con las ediles responsables de Educación y Bienestar Social quienes protagonizaron un pequeño enfrentamiento lanzándose mutuamente la responsabilidad en este asunto. La edil de Educación, Begoña Cuartero, señaló que «es competencia de Bienestar Social desarrollar programas específicos según la ley que regula el sistema de servicios sociales» y añadió que en la reunión que hubo en mayo «se acordó que Bienestar Social ofreciera un tercer monitor para ampliarse la atención a participantes con diversidad funcional de mayor afectación». Además, Cuartero aseguró que la técnico de Bienestar Social se comprometió a trasladar la propuesta a la edil Sabina Galindo y que no ha tenido respuesta aún.

Por su parte, Galindo explicó que contratar un monitor para la Escuela de Verano no es competencia de Bienestar Social «ya que incurriría en una injerencia en el contrato formalizado por Educación». Y recuerda que ya cubre 200 plazas en este programa con ayudas basadas en las necesidades básicas de alimentación y renta de las familias solicitantes «y de atender la competencia de Educación en esta materia, Bienestar Social estaría duplicando las ayudas al mismo fin».