La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó hoy en el Consejo de Ministros sobre el contenido de este anteproyecto de ley que está elaborando su departamento.

Según informó el Ejecutivo tras la reunión del Consejo, la ley permitirá garantizar la conservación de la diversidad biológica presente en España, que acoge más del 50 por 100 de las especies de fauna existentes en Europa y el 59 por 100 de las especies de plantas vasculares.

El texto prevé catalogar los hábitats en peligro de desaparición, en el que incluirán los espacios que requieran medidas específicas de protección y conservación, y elaborar también un Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras.

La ley derogará y sustituirá cuando esté vigente a la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 1989.

Para lograr sus objetivos, la norma plantea distintos instrumentos, como la creación del Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la elaboración del Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Además, el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad definirá los fines, los criterios y las acciones que promuevan la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio.

El instrumento principal de planeamiento de los recursos naturales seguirán los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, cuya elaboración corresponde a las comunidades autónomas, pero las "directrices" para la Ordenación de los Recursos Naturales serán dictadas por el Gobierno y fijarán los criterios básicos que deben recoger los planes de las comunidades.

Cuando entre en vigor la ley se considerarán espacios protegidos, con la denominación genérica de Espacios Protegidos Red Natura, todos los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves

Según la misma fuente, se creará además un Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que actuará como instrumento de cofinanciación para asegurar la cohesión territorial y conseguir los objetivos que se propone la ley.