Los responsables de Minería de CCOO y UGT, Rafael Varea y Víctor Fernández, aseguraron, al término de la reunión, que el diálogo se había "roto" ante la falta de avances por parte del Ministerio de Industria en las principales reclamaciones de los sindicatos.

Por el contrario, el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, subrayó que han sido los sindicatos los que han roto las negociaciones, puesto que él les había ofrecido mantener una nueva reunión la próxima semana.

A pesar de la ruptura del diálogo, los representantes sindicales decidieron encerrarse en una sala de reuniones de la octava planta del Ministerio y se mostraron dispuestos a analizar cualquier propuesta nueva que les plantee Industria.

Durante su encierro, UGT Y CCOO analizarán la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones, sin descartar un paro indefinido.

"No nos vamos a quedar quietos", señaló Víctor Fernández.

Sobre el encierro de los representantes sindicales, Fernández Segura dijo que el Ministerio se ha limitado a acondicionar la sala para que puedan pasar la noche y avanzó que "mañana analizaremos la cuestión".

Los dos principales puntos de discrepancia entre las partes son las prejubilaciones y el mecanismo propuesto por los sindicatos para vincular la percepción de las ayudas a la actividad.

Los sindicatos piden un sistema de control de los objetivos de plantilla, recolocaciones y origen de la producción que permita penalizar a las empresas en caso de incumplimiento.

Según Fernández Segura, los sindicatos reclaman que las sanciones sean decididas en reuniones entre los representantes sindicales y la Administración, lo que, a su juicio, plantea "riesgos jurídicos" y somete a las empresas a una situación de "presunción de ilegalidad permanente".

El Ministerio de Industria propone, por el contrario, que la Administración y los sindicatos analicen el cumplimiento de estos objetivos y que, en caso de incumplimiento, sea la propia Administración la que adopte "medidas correctoras" que incluirían la "cancelación parcial o total de las ayudas".

Este planteamiento se completaría, según Fernández Segura, con una potenciación del servicio de inspección.

En cuanto al segundo punto de discrepancia, los sindicatos piden prejubilaciones generalizadas a los 52 años equivalentes (la edad física corregida mediante un coeficiente que depende del puesto de trabajo) sin límite de edad.

El Ministerio acepta este planteamiento para los años 2006 y 2007, pero entre 2008 y 2012 propone que los trabajadores no se prejubilen con menos de 45 años.

El secretario general de Energía indicó que la petición de los sindicatos envía un "mensaje de desmantelamiento" al sector y defendió que las prejubilaciones se produzcan sólo cuando lo exijan las circunstancias.

Según Fernández Segura, con el planteamiento de los sindicatos se producirían 4.700 prejubilaciones, mientras que con el del Ministerio sólo serían 3.800.

Además, añadió, con la propuesta de Industria la plantilla final del sector minero contaría con 700 trabajadores más y se ahorrarían entre 360 y 400 millones de euros.

El secretario general de Energía subrayó que la propuesta de Plan del Carbón presentada por Industria contempla unas ayudas superiores a los 1.000 millones de euros anuales entre 2006 y 2012 para un sector en el que trabajan 8.500 personas (6.000 al término del periodo).

De esos 1.000 millones anuales, unos 400 se destinan a la reactivación de las comarcas mineras, 200 millones a ayudas a las eléctricas para que consuman carbón nacional y otros 400 a ayudas directas a la producción, partida que incluye los costes laborales.

En el conjunto del periodo 2006-2012 las ayudas contempladas en la propuesta de Industria ascenderían a 7.605 millones de euros.

Por el contrario, los responsables de UGT y CCOO se mostraron "desolados" por la marcha de las negociaciones y recalcaron que sus demandas son "razonables" y que sólo piden cuestiones que estaban recogidas en el anterior Plan del Carbón.