El presidente de COAG-Ir Murcia, Pedro Lencina, indicó que "estamos dispuestos a cortar la Autovía las veces que haga falta para reivindicar más indemnizaciones porque han llegado algunas cartas de indemnización por las expropiaciones de un euro y medio por metro cuadrado, cuando el mercado se paga a 9 euros".

"Además, hemos denunciado en varias ocasiones que los pasos subterráneos para ganado y para maquinaria agrícola son ridículos; para ahorrarse dinero quieren hacer una especie de arquetas, bajando por debajo del nivel de la tierra, no en los sitios idóneos y sin la altitud para que pasen un tractor con cabina", añadió el responsable de COAG-IR Murcia.

Según explicó Lencina, "queremos soluciones para esos dos temas fundamentales, la autovía está ahí y no estamos en contra del desarrollo, pero hay aquí ganaderos que tienen 800 cabezas de ganado; la autovía cota su finca y no tienen pasos para llevar a los animales de una a otra parte".

Por su parte, el presidente de COAG-IR Cartagena, Vicente Carrión, calificó de "verdadera chapuza" la construcción de esta infraestructura y señaló que "no tenemos a nadie que nos soluciones los problemas".

En este sentido, Carrión criticó que "se pasan la pelota de unos a otros" y explicó que tras varias reuniones se dieron a conocer las reivindicaciones a la empresa concesionaria "que entendemos que es la dueña de estas obras".

"Hasta el jueves la empresa se ha escudado en la jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado. Desde COAG le hemos pedido en varias ocasiones entrevistas la Demarcación y siempre han rehusado porque dicen que la responsabilidad es de es AUCOSTA", criticó Carrión.

Para el responsable de COAG-IR Cartagena, "la empresa constructora no tiene ninguna competencia en este tema, no queremos causarle ningún perjuicio, pero queremos que nos den soluciones".

La Coordinadora agraria señaló que los responsables en este caso "son la empresa concesionaria, propietaria de las obras, formada por capital privado en el que participa alguna entidad de crédito y desde el punto de vista de la administración, la personas del jefe provincial de Demarcación de Carreteras del Estado, que es quién debe de velar por que las obras se hagan en consecuencia y porque las indemnizaciones también sean acordes con los precios de mercado en la zona".

Según Carrión unos 2.000 agricultores "se ven afectados directamente, aunque indirectamente muchos más porque no sólo afecta a los que la infraestructura pasa por sus propiedades sino a los que tienen propiedades próximas y tienen que desplazares varias veces al día desde su finca a otro lugar teniendo que utilizar hasta la fecha, unos pasos que son de dimensiones ridículas".

Asimismo, Carrión recordó que "no es la primera vez que con obras de este tipo ha salido una rambla y se han inundado parcelas, propiedades y viviendas que no se habían inundado nunca. Por culpa de esas barreras artificiales que se construyen se producen inundaciones y, además, los gravísimos problemas con los que conviven y van a convivir los afectados de por vida".

"No nos negamos a que se construya, que se desarrollen los municipios pero que a los propietarios se les compensen las pérdidas que están teniendo", concluyó Carrión.