­La Junta de Gobierno Local de Lorca aprobó el pasado viernes una moción que contempla eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conocido como Contribución, a un total de 43.973 inmuebles dañados por los seísmos, que se ubican en su mayor parte en el casco urbano del municipio. La iniciativa se adoptó después de que el Gobierno central incluyera en el Real Decreto de 30 de marzo de 2012 la exención del pago del IBI a los afectados por los seísmos que cumplieran los requisitos aplicados en 2011.

Estos inmuebles suponen una cuota total de recaudación para el ejercicio 2012 de 12.462.244 euros, según informó el concejal de Economía, Luis Amador. En términos porcentuales, se trata de en torno al 50% de todos los recibos de este impuesto en el municipio, que suponen alrededor del 70% de la recaudación que el Ayuntamiento obtiene por este concepto.

Por ello, el Consistorio solicitará la compensación de esta cantidad al Gobierno de la Nación (a través de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda) tal y como establece el nuevo Real Decreto Ley de ayudas.

Amador indicó que los daños afectaron a un área superior a los 32.700.000 metros cuadrados. Así consta en un informe del servicio de planeamiento y gestión urbanística, que también señala que se revisaron más de 6.300 edificios dañados por los seísmos, así como un elevado número de viviendas unifamiliares.

El concejal de Hacienda explicó que esta medida desarrolla lo establecido por el Real Decreto Ley que dispone la exención de las cuotas del impuesto, siempre que afecten a vivienda, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares de naturaleza urbana situados en el municipio de Lorca dañados como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Se tiene que acreditar que tanto las personas como los bienes ubicados en aquellos han tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, aunque el procedimiento realizado por el Ayuntamiento pretende ahorrar a la mayoría de los beneficiarios tener que presentar la documentación acreditativa.

Un total de 43.892 de estos inmuebles están situados en la zona denominada como de máxima afección y 81 fuera de ella.