Uno de los retos a los que deben hacer frente los profesionales de la educación en la actualidad es, sin duda, la atención a la diversidad cultural en los centros educativos. La heterogeneidad cultural es una característica de nuestra sociedad, vivimos en un entorno multicultural donde tradiciones distintas y los colectivos humanos que las practican coexisten en un mismo ámbito de organización social.
Una correcta atención educativa viene determinada por el clima del centro, la política educativa, la organización curricular, los recursos (presupuesto y organización), etc. Pero, quizás uno de los factores fundamentales es la formación, herramientas y recursos de que disponen los docentes en sus intervenciones.
Uno de los objetivos del sistema educativo es impedir que los jóvenes y los adultos vean mermadas sus oportunidades de progreso a lo largo de la vida por no haber alcanzado el nivel educativo adecuado, es decir, la promoción de la igualdad es un objetivo fundamental en las políticas educativas.
No hay duda de que los resultados educativos condicionan las oportunidades laborales posteriores. Es un hecho constatado por la OCDE que los países con un nivel alto de formación son los que procuran más beneficios laborales en forma de empleo de calidad y presentan un menor riesgo de desempleo. Pero no sólo debemos tener en cuenta la progresión futura, el acceso a la educación es fundamental y debe estar garantizado.
Las diferencias de origen condicionan la trayectoria educativa de los individuos, sus rendimientos y los resultados sociales y económicos que se derivan de su logro educativo. La exclusión y la vulnerabilidad vienen definidas por aquellos factores sociales que ubican a las personas en situaciones de desventaja en la carrera educativa y, como consecuencia de ello, reducen sus oportunidades.
Es por eso que el trabajo de la educación intercultural se está convirtiendo en uno de los temas urgentes que se deben tratar en nuestro sistema educativo. No sólo se trata de incorporar las necesidades educativas de todo el alumnado, sino de garantizar el acceso a la formación para todos, posibilitando la igualdad de oportunidades educativas.
El alumnado inmigrante ha aumentado en los centros escolares en los últimos tiempos. A menudo, el profesorado debe enfrentarse a la dificultad para atender adecuadamente al alumnado inmigrado que, en ocasiones, padece condiciones sociales desfavorables y situaciones de alto riesgo académico.
Los profesionales de la educación tienen el reto de trabajar en clases multiculturales, por eso, no sólo es necesaria la incorporación de nuevos perfiles profesionales, sino también un incremento de las competencias de los docentes. En este sentido, Javier Sánchez Mendías, explica en su artículo que «la escuela intercultural propugna un modelo educativo que para hacerse efectivo requiere un fuerte apoyo social contribuyendo al cambio organizativo. Los profesionales que tienen una implicación directa en este asunto, especialmente los docentes, requieren una adecuada formación y orientación para reconocer y abordar las necesidades específicas de apoyo educativo de este alumnado».
Por otro lado, Encarna Soriano, José Manuel García Argüello y Manuel López, miembros del grupo 'Investigación y Evaluación en Educación Intercultural' de la Universidad de Almería, afirman que no se puede descargar toda la responsabilidad sobre el profesorado y el centro educativo. La educación es una responsabilidad que debe ser compartida por toda la sociedad. En concreto, la participación de la familia es fundamental.
Los expertos señalan que la escuela deberá ejercer un papel vertebrador con la familia, medios de comunicación, localidad, barrio, asociaciones, lugares de ocio, etc. Las escuelas deben de abrir sus puertas para que haya una auténtica colaboración y los centros educativos sean verdaderas comunidades de aprendizaje.
Por último, no podemos olvidar la responsabilidad de la administración educativa, que tiene que garantizar una adecuada distribución de las diferentes realidades culturales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, impidiendo cualquier política segregacionista. También es necesaria una mayor coordinación entre centros, la elaboración de programas educativos adecuados y el fomento de dinámicas internas de trabajo colaborativo.
