El artículo 35.2 no te da la razón, Antelo

En un esfuerzo baldío por dar apariencia de racionalidad jurídica a sus xenófobas y racistas propuestas sobre los menores migrantes no acompañados, Antelo, en un artículo anterior, apelaba a la aplicación del artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería.

Insiste, por enésima vez, en que las CC AA y, en concreto, el Gobierno de la Región de Murcia, tienen a su alcance la posibilidad de «actuar con todos los menas». La actuación a la que eufemísticamente se refiere no es otra que devolverlos a todos a su país de origen.

En un párrafo de especial énfasis, como si hubiera descubierto el argumento definitivo que le da la razón, añade, para ratificar su sesgada, interesada y errónea lectura del citado artículo 35.2, que "la propia legislación española avala que la mejor integración posible es la que se desarrolla en el lugar de donde el menor procede".

Lo dice, además, arrogándose la posesión "del sentido común y la lógica más elemental", e ignorando que, según un informe de UNICEF-ACNUR-OIM (2024), las causas aducidas por los propios menores para iniciar un viaje que puede acabar en tragedia son, en primer lugar, las condiciones de pobreza extrema que sufren en sus países de origen –causa indicada por el 57% de los menores migrantes y por el 69% de quienes llegan a España-, la guerra (39%) o la violencia personal o selectiva (27%), entre otras.

Se aferra Antelo a la literalidad del texto normativo que establece que "las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia", sin continuar la lectura completa del apartado y despreciando la del punto 1 del mismo artículo.

Si hubiera leído el apartado en su totalidad habría visto que el acuerdo que pueden impulsar las CC AA está dirigido a establecer mecanismos de seguimiento para asegurar debidamente la protección del interés de los menores una vez repatriados. Pero en ningún momento atribuye a estas administraciones la potestad para llevar a efecto dichas repatriaciones.

Si hubiera leído previamente el artículo 35.1 también habría comprobado que el texto legal asigna esta competencia al Gobierno del Estado que igualmente podrá establecer «acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados».

Y si finalmente hubiera leído el artículo 35.5, habría tenido un adelanto de lo que más en detalle especifica el artículo 167 del RD 1155/2024, que desarrolla el Reglamento de Extranjería. Como todo el mundo sabe -menos Antelo- la competencia para promover el correspondiente expediente recae en la Delegación del Gobierno e implica a los Ministerios de Interior, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Exteriores y de Juventud e Infancia, además del Ministerio Fiscal.

Esto es así desde la Constitución Española de 1978, la ley 21/1987 que transformó significativamente el sistema español de protección de menores, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 -ratificada por España en 1990-, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y las leyes orgánicas de extranjería y sus correspondientes reglamentos que han ido reforzando el interés superior del menor como criterio fundamental. Antes que migrantes, son menores, con derechos propios inherentes a su condición. Esta es la clave fundamental que Antelo y quienes piensan como él no son capaces de entender.

Así que no, Antelo. Los menores migrantes no están en un "limbo asistencial", sino en un sistema que los protege y que, por cierto, necesita más recursos. "Devolverlos a su entorno" no es, por lo general, "lo más justo y humano". Deja de buscar rédito electoral a costa de los menores y céntrate en los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía.

Lo peor es que, encima, el PP se suma a esta estrategia cobarde, falaz e hipócrita.

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