Regularizar para crecer: una oportunidad para construir un país más justo

España acaba de cerrar el mayor proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes de su historia. Más de 1,17 millones de personas han presentado una solicitud para acceder a una autorización de residencia y trabajo. No estamos hablando de personas que acaban de llegar, sino de trabajadores y trabajadoras que ya vivían entre nosotros y que son esenciales para el funcionamiento de nuestra economía.

En la CARM se han registrado más de 45.200 solicitudes durante el proceso extraordinario de regularización. Una cifra que sitúa a Murcia entre las comunidades autónomas con mayor número de expedientes presentados y que pone de manifiesto algo que quienes vivimos aquí conocemos desde hace tiempo: miles de personas migrantes sostienen cada día sectores esenciales y también nuestros servicios públicos.

No es la primera vez que nuestro país adopta esta medida. España ya realizó en el pasado procesos extraordinarios de regularización: 1986, 1991 y 1996, durante los gobiernos de Felipe González; 2000 y 2001, bajo el gobierno de Aznar; y 2005, con el gobierno de Zapatero, cuando más de 576.000 personas obtuvieron autorización para residir y trabajar legalmente.

Estas regularizaciones no son gestos de improvisación ni concesiones excepcionales. Son respuestas a una realidad que lleva años formando parte del mercado laboral y de la sociedad española. En la Región de Murcia esa realidad es especialmente visible: donde apenas reside algo más del 3 % de la población española, se han concentrado cerca del 4 % de todas las solicitudes presentadas en el conjunto del país. Este dato demuestra el peso que tiene la población migrante en nuestro tejido productivo y la necesidad de adaptar las políticas públicas a una realidad que ya forma parte de nuestra convivencia.

Tras estas cifras hay personas procedentes, principalmente, de Marruecos, Colombia, Venezuela, Honduras y Nicaragua que llevan años construyendo un proyecto de vida en nuestra tierra. Trabajan, pagan alquileres, compran en el comercio local, cuidan de nuestras personas mayores, recogen los productos de nuestros campos y educan a sus hijos e hijas en los mismos colegios que los nuestros. Son, en definitiva, parte de la sociedad murciana.

Desde CC OO hemos comprobado durante meses la enorme dimensión de esta campaña. Miles de personas acudieron a nuestras sedes buscando orientación, información y acompañamiento. Muchas de ellas llevaban años trabajando sin contrato, aceptando jornadas interminables, salarios inferiores a los establecidos en convenio o situaciones de abuso que difícilmente podían denunciar por miedo a perder el único sustento de sus familias.

La regularización cambia esa realidad. Significa acceder a un empleo con garantías, cotizar a la Seguridad Social, generar derecho a prestaciones, poder alquilar una vivienda con mayor estabilidad, abrir una cuenta bancaria, acceder con normalidad a la formación o simplemente dejar de vivir con el temor permanente a que cualquier trámite administrativo pueda poner en riesgo el proyecto de vida y familiar construido durante años.

Cada nuevo trabajador incorporado a la economía formal supone más cotizaciones sociales, mayor recaudación tributaria y una reducción de la economía sumergida. Significa competir en igualdad de condiciones, evitar el fraude laboral y proteger a las empresas que cumplen con la legislación frente a quienes basan su competitividad en la explotación de personas vulnerables.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en sectores productivos esenciales de nuestra región como los cuidados, la agricultura, la hostelería, la construcción o el transporte, incorporar plenamente a quienes ya desempeñan estas actividades es una decisión inteligente desde el punto de vista económico, pues mejora la productividad y contribuye a garantizar la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones y de los servicios públicos.

Queda mucho trabajo por delante. Será necesario agilizar la resolución de los expedientes, reforzar las oficinas de extranjería y garantizar que todas las personas admitidas puedan culminar el procedimiento sin demoras innecesarias. También habrá que seguir luchando contra quienes intentan utilizar la inmigración para sembrar miedo y división.

Cuando se habla de inmigración, con demasiada frecuencia el debate se reduce a cifras, fronteras o discursos alarmistas. Sin embargo, detrás de cada expediente de regularización hay una persona que ya forma parte de nuestra sociedad: trabaja, paga un alquiler, consume en los comercios de su barrio, lleva a sus hijos al colegio y contribuye cada día al desarrollo de nuestro país.

La historia demuestra que las regularizaciones extraordinarias han fortalecido nuestro mercado laboral y han favorecido la integración social. La de 2026 no será una excepción. Lo que hoy algunos presentan como un problema será, dentro de unos años, una de las decisiones que habrá permitido consolidar una economía más fuerte, un empleo más digno y una sociedad más cohesionada.

En Murcia sabemos mejor que nadie que la riqueza de nuestra tierra se construye con el esfuerzo de muchas manos, vengan de donde vengan. Garantizar que todas ellas trabajen con derechos no es solo una cuestión de justicia social; es también una decisión que fortalecerá nuestra economía, mejorará la cohesión social y construirá una sociedad más igualitaria.

Porque cuando se reconocen derechos no pierde nadie. Gana toda la sociedad.

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