Cinco años después: una ley con derechos que siguen esperando

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley 3/2021 de Servicios Sociales de la Región de Murcia, el balance de su desarrollo es claramente insuficiente. La norma nació con la vocación de consolidar los servicios sociales como un verdadero derecho de ciudadanía, dejando atrás un modelo asistencial para situarlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar. Sin embargo, buena parte de los instrumentos que debían hacer efectivos esos derechos continúan pendientes.

Es precisamente en este contexto donde nace la Asociación de Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia. La Asociación surge con el objetivo de realizar un seguimiento permanente del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y de todas sus normas reglamentarias, evaluar la evolución del sistema hacia un verdadero cuarto pilar del Estado del bienestar y estudiar, analizar y proponer medidas que contribuyan a su mejora. Todo ello desde una defensa irrenunciable de un sistema público de servicios sociales, universal, suficiente, de calidad y garante de los derechos de la ciudadanía de la Región de Murcia.

La propia ley establecía un plazo máximo de cuatro años para completar su desarrollo reglamentario. Ese plazo finalizó en agosto de 2025 y, un año después, siguen pendientes normas esenciales para el funcionamiento del sistema.

La más importante es el Catálogo de Prestaciones Garantizadas, que debe determinar con claridad qué servicios y prestaciones constituyen auténticos derechos subjetivos exigibles por la ciudadanía. Mientras este instrumento no se apruebe, muchas de las garantías previstas por la ley permanecen en una situación de incertidumbre jurídica.

Tampoco se ha aprobado el Mapa de Servicios Sociales, imprescindible para organizar territorialmente el sistema, definir las zonas de atención y establecer unas ratios homogéneas de profesionales. A ello se suma la ausencia del Decreto de mínimos de los Servicios Sociales de Atención Primaria, una norma imprescindible para garantizar una cartera básica de recursos y una atención homogénea en todos los municipios de la Región, evitando que la calidad de los servicios dependa del lugar donde resida la ciudadanía.

Igualmente necesario continúa siendo el desarrollo reglamentario de los programas de los Servicios Sociales de Atención Primaria, que deben concretar las actuaciones preventivas, comunitarias, de inclusión social, apoyo familiar, promoción de la autonomía y atención a las situaciones de vulnerabilidad previstas en la ley. Sin esta regulación, los equipos profesionales siguen trabajando con importantes diferencias organizativas entre municipios y sin un marco común suficientemente definido.

A estas carencias normativas se une el retraso en la implantación de herramientas fundamentales como la Historia Social Única, la Tarjeta de Información Social o la regulación de la atención a las situaciones de urgencia social, elementos imprescindibles para garantizar una atención integrada, coordinada y ágil.

Pero el problema no es únicamente legislativo. La falta de desarrollo de la ley convive con importantes déficits estructurales. La Región de Murcia continúa situándose entre las comunidades autónomas con menor inversión en servicios sociales por habitante, mientras muchos ayuntamientos siguen dependiendo de subvenciones anuales que dificultan la estabilidad de los equipos y la planificación de los recursos.

La insuficiencia de financiación repercute directamente en las plantillas. Las ratios de población por trabajador o trabajadora social superan ampliamente las recomendaciones técnicas, provocando listas de espera y reduciendo el tiempo disponible para la intervención profesional. A ello se añade una excesiva carga burocrática y la falta de integración de las aplicaciones informáticas, circunstancias que restan eficacia al sistema y dificultan una atención centrada en las personas.

Cinco años después, ya no caben más demoras. La Comunidad Autónoma debe asumir el liderazgo que le corresponde y culminar el desarrollo de la Ley 3/2021 mediante la aprobación de todos los instrumentos pendientes: el Catálogo de Prestaciones Garantizadas, el Mapa de Servicios Sociales, el Decreto de mínimos de los Servicios Sociales de Atención Primaria, la regulación de sus programas, la Historia Social Única y el resto de desarrollos reglamentarios previstos en la norma.

Desde la Asociación de Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia asumimos el compromiso de contribuir, desde el análisis técnico, la participación social y la defensa de los derechos de la ciudadanía, a que esta ley alcance plenamente los objetivos para los que fue concebida. Los servicios sociales son un derecho de ciudadanía y una responsabilidad irrenunciable de los poderes públicos. La Región de Murcia necesita pasar definitivamente de las promesas a los hechos y consolidar un sistema público de servicios sociales fuerte, universal, equitativo y de calidad.

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