Acoger a menores, un acto sagrado

Vox dice no creer en las autonomías. Solo cree en el Estado centralizado. Pero pacta en las autonomías sobre competencias que son exclusivas del Estado. Hace lo que reprocha a los independentistas: socavar el Estado nacional desde el frente legislativo y presupuestario de las autonomías. En esto no hay diferencias entre Vox y Junts, por ejemplo. Convierten el espacio autonómico en un bastión de resistencia contra la política estatal, con el matiz de que para Vox ésta es la auténticamente legítima, con independencia, se supone, de a quién le toque ejercerla.

Y pasa lo que pasa. Los pactos PP/Vox sobre lo que han acuñado como ‘prioridad nacional’ se oponen a las leyes estatales, de manera que, en la práctica jurídica, no pueden llevarlos a cabo. Cuando lleguen al Gobierno, si llegan, podrán cambiar las leyes (si cabe hacerlo en el marco de la Unión Europea), pero mientras tanto habrán de cumplirlas, les gusten o no, como hacemos todos. Dicen en Vox que en el colectivo inmigrante no es seguro que se respeten los Derechos Humanos, pero aun si así fuera (se trata de un prejuicio preventivo sin base fáctica) lo rotundamente seguro es que no acoger a menores inmigrantes desasistidos ataca a los Derechos Humanos. Ni siquiera sería preciso que el acogimiento estuviera respaldado por la Ley, pues la protección de menores viene establecido precisamente en el Derecho universal.

La prioridad cívica y humanitaria consiste en amparar a los menores, sea cual sea su procedencia. La escapatoria para burlar las Leyes, la administrativa y la de los Derechos Humanos precisamente, es alegar, como hace el Gobierno regional, que carece de medios. Es un contradiós, pues precisamente por el influjo de Vox ha desplazado las instalaciones de acogida de que disponía, sin ampliarlas de acuerdo a las necesidades. Se entendería que para aceptar el reparto de los menores que colapsan Ceuta, el Gobierno regional exigiera al nacional medios extraordinarios, y que pusiera la condición de que Cataluña y el País Vasco, donde los xenófobos tienen marcas políticas distintas a Vox, colaboraran equitativamente. Pero de ningún modo puede el Gobierno del PP rechazar una obligación legal y humanitaria, por mucho que les cueste la aprobación de los Presupuestos. Hay límites, sin el sometimiento a los cuales se pierde para siempre la identidad.

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