Quince años de silencio, millones en conciertos y trabajadores sin derechos

¿Quién está detrás de estas empresas privadas que se enriquecen con la salud de los ciudadanos? Esa es la pregunta que todos y todas nos deberíamos hacer y que este Gobierno regional conoce muy bien y no piensa desvelar. Por eso juega a dos bandas, intentar quedar bien con el personal de la sanidad privada, sin conseguirlo, y beneficiar a estas macro empresas, sin corazón ni alma, que solo conocen el beneficio como idea de negocio.

Pero nosotros y nosotras elegimos políticos para que nos defiendan ante estos dinosaurios sin escrúpulos y qué recibimos a cambio: engaños y miradas hacia otro lado; esta es la realidad del Gobierno regional en la Región de Murcia.

Señor López Miras, hace uno días le dije personalmente que nos ayudara con los más de 9.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad privada que están sufriendo en estas empresas por la situación laboral tan precaria, tanto en sus salarios como en sus condiciones laborales. Son profesionales que cuidan de nuestra salud y que son tratados de una forma vejatoria en su día a día. Por ello le pido que no firme ningún acuerdo de servicios con quien no es capaz de firmar un convenio digno con sus trabajadores. No blanqueen empresarios piratas que no le hacen ningún bien a nuestra sociedad.

Quince años sin convenio colectivo no son un accidente, son una estrategia. Los empresarios de la sanidad privada han convertido la precariedad laboral como parte de su modelo de negocio, mientras continúan recibiendo millones de euros a través de los conciertos que firman con la Administración regional. Lo más grave es la complicidad política. El Gobierno del PP, presidido por Fernando López Miras, sigue alimentando este sistema con más derivaciones y contratos privados, sin exigir una mínima responsabilidad social a quienes viven de esos fondos. El resultado es un empleo mal pagado, jornadas asfixiantes, plantillas insuficientes y profesionales tratados como mano de obra barata. Quienes cuidan de nuestra salud no pueden seguir siendo víctimas de un modelo que antepone el beneficio empresarial a la dignidad laboral.

Desde UGT Servicios Públicos denunciamos que la Región de Murcia no puede seguir financiando con dinero de la ciudadanía a empresas que se niegan a negociar un convenio digno y que basan su competitividad en la explotación de sus trabajadores. Cada euro público destinado a estas empresas debería estar condicionado al respeto de los derechos laborales. Lo contrario es convertir la precariedad en una política pública. La sanidad no puede ser el negocio de unos pocos mientras quienes la sostienen con su trabajo pagan el precio del silencio y la indiferencia del Gobierno regional.

La salud no es un negocio, con la sanidad no se debe enriquecer nadie y quien lo permita es cómplice, afectando al conjunto de la ciudadanía y sus trabajadores.

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