El PP excluye el aborto de la sanidad pública por motivos ideológicos

La historia del PP en relación con el aborto ayuda a entender la respuesta tajante y casi despreciativa de la Consejera de Salud, Isabel Ayala, sobre la cuestión de la concertación del servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Su oposición a la ley de plazos, luego matizada tras aval del Tribunal Constitucional a la ley de 2010, y su objeción permanente a las iniciativas del gobierno de coalición progresista, lo explican claramente.

Hay que recordar que el PP se opuso de forma radical a la ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fundamentalmente en lo que se refiere al aborto libre durante las 14 primeras semanas, abogando por mantener la ley de supuestos de 1985.

Cuando el Tribunal Constitucional, en 2023 -mientras se tramitaba la reforma de la ley de 2010 en las Cortes Generales-, avaló la ley de plazos de 2010 y ante la avalancha de críticas recibidas, Feijóo acabó reconociendo que el aborto es un derecho de las mujeres, pero no un derecho fundamental.

El año 2023 no solo trajo ese respaldo del Tribunal Constitucional reconociendo el derecho de las mujeres a abortar libremente dentro de los requisitos legales; sino que la reforma de esa misma ley reforzó las garantías para hacerlo efectivo, insistiendo en que la prestación se realizara preferentemente a través de la red sanitaria pública.

La experiencia había demostrado que, aunque el derecho existía formalmente, en algunas comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, su ejercicio efectivo no estaba garantizado y su acceso seguía siendo una auténtica tortura física y psicológica para muchas mujeres, como denunció en su día la Plataforma de Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública. Todos recordaremos el documental Un viaje silenciado, emitido por el programa Salvados.

Como consecuencia de aquel programa y de la lucha desarrollada por esta plataforma, el contrato de concertación del servicio de 2022 incluyó mejoras relevantes, entre ellas la aplicación de la anestesia en los casos necesarios -coste que antes asumía la propia mujer- o que la IVE se realizara dentro de los límites territoriales de la Región de Murcia. No obstante, nuestro Gobierno regional sigue actuando como un objetor institucional a la hora de hacer efectivo el derecho al aborto en nuestra región, ya que el porcentaje de abortos practicados en la red sanitaria pública nunca ha superado el 1%.

De hecho, del contrato de concertación del servicio en vigor, solo quedan excluidas, para ser practicadas en los hospitales públicos, las IVE de más de 22 semanas en los supuestos excepcionales de anomalías fetales incompatibles con la vida o de diagnóstico de enfermedad extremadamente grave e incurable del feto, confirmada por un comité clínico. Se trata de tan solo 34 casos en 2024 -últimos datos publicados- sobre un total de 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo.

Ahora, la Plataforma, que se manifestó la semana pasada coincidiendo con la caducidad del contrato de concertación vigente, reclama que las interrupciones practicadas por causas médicas, entre las 15 y 22 semanas -que incluyen situaciones de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o graves anomalías del feto-, se realicen también en los hospitales públicos.

Los motivos, además de claros, son de sentido común: son abortos de alta complejidad que requieren el respaldo de una infraestructura hospitalaria con amplios servicios asistenciales, cuya intervención puede ser necesaria en cualquier momento del proceso y de los que carecen las clínicas concertadas. Además, debe garantizarse la continuidad asistencial para una atención integral, segura y de calidad. Todo ello en consonancia con el espíritu de la reforma de la ley de 2023 y con el mandato constitucional del artículo 43 que asigna a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública.

Además, Fernando, estos casos apenas llegan al 5% del total, hablamos de entre 150 y 200 casos anuales. Excluirlos de la sanidad pública es una cuestión meramente ideológica, sin justificación asistencia alguna. Del resto ya hablaremos.

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