López Miras ignora la alarma de los bomberos

Hay afirmaciones que ningún responsable público debería permitirse ignorar. Pero hay una que debería hacer saltar todas las alarmas en cualquier sociedad democrática: que los propios profesionales encargados de proteger la vida de los ciudadanos adviertan de que no pueden garantizar su seguridad. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la Región de Murcia.

Lo han dicho quienes mejor conocen el funcionamiento del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento: los propios mandos de los parques de bomberos. Un informe interno respaldado por seis de los diez jefes de parque describe un servicio sometido a un deterioro progresivo, con graves carencias de personal, vehículos averiados, equipamiento obsoleto y una capacidad de respuesta cada vez más comprometida.

Cuando quienes dirigen las emergencias alertan de que el sistema está al límite, la obligación de cualquier gobierno serio y responsable no es desacreditarlos, sino escucharlos y actuar. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de López Miras ha sido exactamente la contraria: minimizar las denuncias, negar la evidencia, decir que los profesionales que se juegan la vida por salvar la de los demás mienten y convertir un problema de seguridad pública en un debate político.

Ninguna administración responsable puede considerar aceptable que un parque de bomberos carezca de los medios necesarios para responder a una emergencia grave o que determinados recursos esenciales permanezcan inmovilizados durante largos periodos por falta de mantenimiento o renovación.

Y, sin embargo, esa es la realidad que describen quienes cada día salen a apagar incendios, rescatar personas o atender accidentes. Actualmente hay más de 1.000 incidencias sin resolver dentro del CEIS.

Son los bomberos quienes sostienen el servicio con horas extraordinarias, sacrificio personal y una enorme vocación de servicio público.

Los servicios públicos necesitan planificación, inversión y gestión. Cuando esas tres cosas fallan durante demasiado tiempo, las consecuencias terminan apareciendo.

La reciente tragedia vivida en Los Gallardos, lo ocurrido el jueves pasado en Águilas, cuando un camión de bomberos tuvo que ser empujado mientras acudía a una emergencia, o los más de 80 incendios forestales que llevamos en la Región desde el 1 de junio nos hacen pensar en la enorme importancia de disponer de dispositivos de emergencias preparados para responder en cualquier momento.

Tanto López Miras como su consejero Ortuño ofrecieron recursos para quedar bien en la foto, ya que de sobra es sabido que no son suficientes ni para garantizar la seguridad de la propia Región. Lo que no es ético es que lo hagan para mostrar a la galería una imagen de fortaleza mientras existen informes oficiales que alertan precisamente de la fragilidad del sistema.

Cuando los propios responsables operativos del servicio afirman que existen dificultades para garantizar la seguridad de la ciudadanía, el debate deja de ser ideológico para convertirse en una prioridad absoluta de gobierno.

La obligación de cualquier ejecutivo consiste en anticiparse a los problemas, pero esa capacidad de anticipación ha brillado por su ausencia en demasiados ámbitos de los servicios públicos de la Región de Murcia. La situación del CEIS no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de gobernar del PP que durante demasiado tiempo ha relegado la inversión en servicios esenciales frente a otras prioridades políticas.

Los bomberos no piden privilegios. Piden herramientas para hacer su trabajo. Piden plantillas suficientes para trabajar con seguridad. Piden vehículos que funcionen cuando suena la alarma. Piden que los equipos de protección estén en condiciones. Piden, en definitiva, poder cumplir con la misión que la sociedad les ha encomendado.

Eso debería estar completamente al margen de cualquier confrontación partidista.

La seguridad pública constituye una de las responsabilidades más esenciales de cualquier gobierno. Cuando quienes tienen encomendada esa protección advierten de que el sistema se está deteriorando, no cabe mirar hacia otro lado como llevan años haciendo López Miras y su consejero Ortuño.

El día que falle el sistema ya será demasiado tarde para buscar culpables. Ese día solo quedará una pregunta: ¿por qué López Miras no actuó cuando quienes más sabían llevaban años avisando?

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