Vivienda: una luz al final del túnel

La vivienda figura en primer lugar de las preocupaciones de los españoles, especialmente de los jóvenes, cuyos bajos salarios en un país de tan escasa productividad no dan para pagar una hipoteca, ni siquiera un alquiler. El sector promotor es incapaz de producir el número de viviendas que la demanda de nuevos hogares, impulsada por miles de nuevos inmigrantes cada año, exige de forma perentoria. No es que sean incapaces o ineptos, sino que el aumento de costes y las exigencias de las nuevas normas de edificación, junto con la avalancha de impuestos que se ceba en edificación y compraventa de inmuebles, hace casi imposible poner en el mercado las viviendas que sus potenciales compradores desearían adquirir. Eso ha provocado un fenómeno patético. Son los padres los que pueden hacer posible una vivienda para sus hijos. Ellos ya tienen pagada la suya y prestan sus ahorros y su aval para la nueva hipoteca.

Para enmierdar más la cosa, la oferta de viviendas en alquiler (que debería ser boyante ante la incapacidad de los jóvenes para ahorrar y comprar) se ha visto frustrada por la lamentable Ley de la Vivienda aprobada hace tres años bajo la inspiración de la izquierda radical, más interesada siempre en reprimir a los propietarios, pequeños y grandes, que estimularlos a que saquen al mercado sus propiedades. A eso se añade que con la actual política de guerra civilismo propiciada por el Gobierno, las CCAA, que son las que deberían gestionar la política de vivienda como parte de sus atribuciones reconocidas, han estado boicoteando cualquier solución, por falta de fondos y sabedoras de que el personal no distingue de competencias

Afortunadamente, el nudo gordiano ha empezado a deshacerse mediante una inteligente jugada de la actual ministra de la Vivienda, Beatriz Rodríguez, que ha pactado con las autonomías el Plan de Vivienda 2026-2030 poniendo encima de la mesa la parte del león de los 7.000 millones presupuestados para la promoción de vivienda asequible.

Es una pena que hayamos tenido que esperar al final de la legislatura para que el Gobierno entendiera que el pacto y el acuerdo siempre son mejores que la división y el enfrentamiento.

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