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Opinión | Pasado a limpio

Sobre presunciones y otras confusiones

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / EFE/Juanjo Martín

Para un jurista, la presunción es una regla interpretativa o probatoria del Derecho. Las hay de dos clases: iuris et de iure, que es absoluta y no admite prueba en contrario, y iuris tantum, que es relativa y admite prueba en contrario. Unos ejemplos nos ilustrarán.

La presunción de inocencia es un principio esencial de las democracias modernas regidas por los derechos humanos como fundamento del orden social. Una persona acusada de un delito es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías. Sin embargo, aunque tengamos asumido el concepto, sólo nos vale cuando el acusado es uno de los nuestros, pero no cuando no pertenece a nuestro entorno o si es un personaje público.

En la calle es frecuente oír «algo habrá hecho» o «este chico no va por buen camino», dicho de quien tiene un lío con la Justicia. Si el personaje es público, la condena social no espera nunca la sentencia. ¿Cómo, si el juicio puede tardar lustros en salir? La opinión pública necesita seguridades, certezas, no complicadas demostraciones que pueden terminar en otras incertidumbres. Una sentencia absolutoria no significa necesariamente inocencia, sino que no se ha probado la culpabilidad. ¡Ah! Pero, entonces, ¿M. Rajoy es Mariano Rajoy? ¿ZZZ es Zapatero o el vuelo de una mosca?

La relatividad en el proceloso mundo de la investigación criminal es realmente pasmosa. Acudamos a las clases de Matemáticas de nuestro bachillerato para demostrar la lógica de algunos planteamientos. Tenemos una ecuación con una incógnita, generalmente representada con la letra X. Si recordamos bien, el problema consistía en despejar la incógnita para hallar la solución. Pero también había ecuaciones con varias incógnitas y, en esos casos, podía haber más de una solución igualmente válida. Ahora pasemos de la teoría a la práctica.

En el viejo asunto de los GAL, nos quedamos sin saber quién era el Sr. X. Igual sucedió en «los papeles de Bárcenas», que nunca supimos quién era M. Rajoy. Pese a algunos indicios que pudieran implicar a quienes ostentaban la alta dirección política del Gobierno de ambas épocas, la Justicia optó por una solución que a ningún estudiante de bachiller se nos hubiera permitido, suprimir la incógnita. Sin incógnita no hay problema y sin problema, la solución es siempre un chivo expiatorio.

Recuerde el alma dormida, que diría Jorge Manrique, ¿qué decía por aquel entonces quien presuntamente –en este caso la presunción equivale a sospecha– se escondía tras la X? Se había enterado de todo por la prensa. Al cabo de los años dice que no votará a su partido si el candidato es Pedro Sánchez. Sin embargo, por muy corrupto que pudiera ser este gobierno, jamás podrá alcanzar las cotas de aquel que practicó el terrorismo de Estado, vio condenados a dos miembros del Gobierno, Barrionuevo y Vera, fugado el director de la Guardia Civil y un gobernador del Banco de España implicado en un caso de fraude a la Hacienda Pública, entre otros casos de corrupción. Pero aquel presidente del Gobierno era un gran lector de prensa.

Otro caso distinto es el de las armas de destrucción masiva que, también presuntamente, poseía Irak y su régimen tiránico de Sadam Hussein. Costó una guerra averiguar que era una fake new, pero nadie pidió responsabilidades penales al trío de las Azores por iniciar una guerra ilegal que vulneraba la Carta de Naciones Unidas, mucho antes de aprender que esos detalles no tienen importancia si los infractores son Donald Trump o Netanyahu.

Tras los atentados del 11M, el Gobierno de Aznar difundió que habían sido perpetrados por ETA, incluso teniendo pruebas consistentes de ser un atentado yihadista. Otra gran mentira jamás investigada en los tribunales. Si no hubo proceso penal, ni siquiera había que apelar a la presunción de inocencia. Otra incógnita sin resolver, porque nunca hubo problema.

En el caso ‘Kitchen’, el espionaje a Bárcenas y la destrucción de pruebas que pudieran incriminar al partido en el gobierno, rige aún la presunción de inocencia, aunque las pruebas de cargo sean bastante fundadas. Como el caso Montoro y su ‘Equipo Económico’; son asuntos sub iudice mientras no haya una sentencia firme que llegue a ser ‘cosa juzgada’ y nos lleve a la presunción absoluta, iuris et de iure de que los tribunales han declarado una verdad incuestionable, sea o no cierta. Pero ni M. Rajoy ni Cospedal están acusados de nada, para ellos no hay incógnita ni problema, son libres pese a que haya fundadas sospechas.

En la prensa, las presunciones funcionan al contrario que en los tribunales. El acusado es presentado como presunto homicida, malversador, defraudador, etc. La acepción es la de sospecha, suposición, conjetura. Encaja más con la condena de la opinión pública, con la llamada pena de telediario. Pero estas forman parte de las presunciones que responden a otra acepción del diccionario. Como la sinónima de jactancia, engreimiento o petulancia, por ejemplo, la que lleva a Feijoo a presumir de no ser presidente porque no quiere. Sin embargo, anteayer pidió a los partidos nacionalistas que planteen una moción de censura para hacerlo presidente a él.

Los ejemplos pueden no haber aclarado lo que son presunciones y haber generado otras confusiones. Para hablar de Zapatero, permíteme amable lector, un poquito más de sosiego y esperar a ver por dónde atacan los indios... o el séptimo de caballería.

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