El PP maltrata a los trabajadores de reforma juvenil y protección de menores

Unos mil trescientos trabajadores y trabajadoras desarrollan su actividad profesional en nuestra región en la difícil y compleja tarea de proteger y garantizar los derechos y el interés superior de los menores en situación de riesgo, desprotección o desamparo, circunstancia, esta última, que implica la separación del menor de su núcleo familiar.

Una labor complicada y comprometida que se desarrolla, en numerosas ocasiones, en condiciones de tal vulnerabilidad que someten a estos trabajadores a una tensión permanente y que, en casos extremos, como el de Belén Cortés, llegó a desembocar incluso en hechos tan trágicos como su asesinato a manos de los menores que tutelaba.

En la Región de Murcia, además, esta labor profesional, para cuyo desempeño se exige una titulación universitaria, está altamente precarizada, pues el salario medio neto de este colectivo ronda los 1.260 euros mensuales, incluidos todos los conceptos salariales. Sin embargo, en los escasos centros públicos gestionados directamente por la Consejería de Política Social, dicho salario supera los 2.000 euros netos mensuales.

Esta injusta e inexplicable discriminación salarial entre trabajadores que realizan la misma tarea se acentúa en el caso de quienes desarrollan su labor en los centros concertados en función de si se trata de servicios de nueva creación por razones de emergencia o de centros sujetos a un concierto ordinario en vigor. A los primeros se les aplican las tablas salariales del V Convenio Colectivo Estatal de este sector, en vigor desde el 1 de enero de este año y que mejora significativamente las condiciones salariales mientras que a los segundos no.

La razón que aduce el Gobierno regional es una cláusula de discutible legalidad y, en cualquier caso, totalmente antisocial, introducida unilateralmente en la normativa que regula los conciertos sociales, que condiciona la aplicación del Convenio Colectivo del sector a la aprobación de presupuestos regionales de la CARM.

Esta cláusula cercena de raíz el derecho a la negociación colectiva, convirtiendo el V Convenio Estatal en papel mojado para buena parte de los trabajadores. Además, perpetúa una precariedad que termina provocando una alta rotación de recursos humanos con una pérdida irreparable de capital profesional que repercute de manera directa en la calidad del servicio que se presta a los menores.

Pero no solo se plantean justas reivindicaciones salariales, sino también otras cuestiones del Convenio para eliminar factores de vulnerabilidad presentes en el día a día de su trabajo. La apertura de una Mesa de Diálogo con presencia de la Administración, entidades concertadas y representantes sindicales de los trabajadores, sería un avance sustancial en la dirección correcta.

No obstante, la respuesta del PP a estas reivindicaciones ha sido votar en contra, en el pleno de la Asamblea Regional celebrado el pasado miércoles, de la moción que presentó la coalición IU-Podemos para instar al Gobierno de López Miras a corregir este despropósito. Ya hizo lo mismo cuando denunciamos la precarización de los trabajadores del 112 o de los bomberos forestales. Esta es la política del PP en la gestión de los servicios esenciales que presta: privatización y precarización laboral.

Sin embargo, este tema no estará en el debate político de la semana. Estaremos más pendientes de los efectos y comentarios de la ridícula y patética puesta en escena -incluidas la bajada de escalera y la sobreactuación impostada- de la rueda de prensa que López Miras ofreció el pasado viernes para presentar como remodelación del Gobierno el cese fulminante del consejero Pedreño por la crisis de corrupción en el SMS. El juego de trilero aficionado, con intercambio de consejerías entre López Aragón y Marín, y el acompañamiento de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, en la salida de Pedreño para que no se fuera solo, no cuela.

Y todo para ascender a consejera a la persona que debiera haberse enterado y cortado de raíz la corrupción de las contrataciones en el Hospital de la Arrixaca, sobre la que ya advirtió el Tribunal de Cuentas en diciembre de 2024

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