¿Hay alguien que me pueda contestar?

Hace años, creía absolutamente en la Justicia —la democracia no es posible sin ella—pero, como ciudadana española, vengo albergando muchas dudas sobre su funcionamiento, porque, sobre todo en los últimos tiempos, algunas de sus decisiones me han llenado de dudas, de cierta desesperanza y de una cierta alarma también. Porque ya no es solo el tiempo de tardanza de algunos tribunales de Justicia en celebrar los juicios, eternizando los tiempos —con el daño que supone para los afectados—, es que el protagonismo que algunos jueces se empeñan en tener, en ciertos casos, solo sirve para sembrar el desconcierto en la gente normal que de siempre ha tendido a mitificar eso de la Justicia y que ahora asiste con estupor a un cierto exhibicionismo que le quita esa parte de misterio que siempre atesoró y que le hacía ganarse el respeto de los ciudadanos.

Y ante el desconcierto que siembra el hecho de que cada caso dure más o menos, dependiendo de en los juzgados que toque, se me ocurre indagar los motivos y me dicen que cada órgano judicial tiene sus propios tiempos. Es decir, lo normal es que un caso en el que esté involucrado alguien aforado —José Luis Ábalos, por ejemplo— vea como se celebra el juicio antes, seguramente porque ese tribunal tiene más medios que los que posee un tribunal de instancia —de Lorca, pongamos por caso—.

Si toca en la Audiencia Nacional es mucho más rápido, porque como es un tribunal con competencia en todo el territorio nacional, cada juez lleva muy pocos asuntos. Todo lo contrario, por ejemplo, a los tribunales de instancia de todos los pueblos y ciudades, que están colapsados.

Así es que, nos dicen, esa disparidad en la celebración de los juicios depende del órgano o del tribunal de instancia donde toque, y es que cada uno tiene sus medios, por lo tanto, ante el asombro de muchos ciudadanos, se puede dar el caso —se ha dado el caso— de que como al antiguo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le correspondía ser juzgado por el Tribunal Supremo, pues de prisa y corriendo —o eso parecía— fue condenado a dos años de inhabilitación especial y a una multa por un delito de revelación de datos reservados.

Una sentencia dictada en 2025, que se conoció al mismo tiempo que se hacía publico que Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, ha de ser juzgado por fraude fiscal y falsedad documental. Pero lo que son las cosas; se juzga y se condena al fiscal por presunta vulneración del derecho de González Amador a su defensa y aún no se ha fijado la fecha de celebración del juicio de quien ha sido acusado de fraude a Hacienda. Todo ello, al parecer, porque son juzgados distintos, y ya se sabe, cada uno de ellos «vive con sus circunstancias».

Las mismas circunstancias que han hecho que el juicio al expresidente catalán Jordi Pujol —acusado por la Fiscalía de asociación ilícita y blanqueo de capitales— se haya retrasado, años y años, hasta que este señor ha comparecido ante el tribunal cuando ya tiene 95 años, siendo exonerado por su edad.

Y la justificación ante tales retrasos, en depende que circunstancias, es que faltan medios.

¿Alguien me puede explicar tanta diferencia de recursos entre tribunales con lo que esto supone de indefensión para unos y de ventaja para otros?

¿Alguien me puede decir si esto es justo cuando se supone que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley?

¿Alguien me puede aclarar por qué una casa puede ser desvalijada, en el 2024, en Murcia, por una señora que tiene ocho requisitorias pero que al ser ciudadana de la Unión Europea no puede ser expulsada del país, no se ha celebrado el juicio aún y, lo que es más importante, ni siquiera se ha sometido a reconocimiento presencial por parte de la víctima?

¿Alguien puede contestar a esto?

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