Llegaremos hasta el final para que nunca más se juegue con la salud de las personas

La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar. Es el lugar al que acudimos cuando más vulnerables somos, cuando la salud falla y necesitamos confianza, seguridad y certezas. Por eso, lo que estamos conociendo en relación con el fraude millonario destapado en el Servicio Murciano de Salud no es únicamente un escándalo económico. Es, sobre todo, un asunto de enorme gravedad humana y moral.

Por mucho que se empeñe el Gobierno de López Miras, no se trata de una cuestión económica, sino de una auténtica trama que ha puesto en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.

Según la investigación de la Policía Nacional, se habrían utilizado productos sanitarios caducados en intervenciones médicas, poniendo en riesgo la salud pública. No estamos hablando de una irregularidad administrativa menor ni de un error puntual. Estamos hablando de una trama que presuntamente jugó con algo tan sagrado como la salud de las personas.

La ciudadanía de la Región está indignada y preocupada, cada noticia que sale es peor que la anterior. Por eso, hemos exigido la dimisión del consejero de Salud. No puede continuar ni un minuto más al frente de una consejería que debería haber garantizado salud y la vida de la ciudadanía y ha permitido que en el momento más vulnerable de las personas, todo valiera. La ciudadanía merece conocer toda la verdad, merece no perder la confianza.

La Región de Murcia cuenta con excelentes profesionales sanitarios que trabajan cada día con entrega y vocación

Y por eso, desde el PSRM nos hemos personado como acusación popular en la causa judicial. Lo hacemos para defender el interés general y para garantizar que esta investigación llegue hasta el final. Queremos que todos los afectados sepan que no están solos y que vamos a utilizar todos los instrumentos legales y políticos a nuestro alcance para esclarecer lo ocurrido.

La prioridad ahora debe ser proteger a los pacientes. El Gobierno regional tiene la obligación de contactar con todas las personas potencialmente afectadas, revisar su estado de salud y sustituir cualquier material que no reúna las garantías necesarias. No basta con declaraciones improvisadas o mensajes ambiguos. Hace falta un plan de actuación claro, transparente y urgente.

También exigimos a López Miras que abandone el silencio y comparezca públicamente para responder a preguntas fundamentales que siguen sin respuesta. ¿Cuántos pacientes están afectados? ¿Qué consecuencias ha tenido el uso de ese material? ¿Se ha producido algún fallecimiento relacionado con estos hechos? ¿Qué medidas se van a adoptar para reparar el daño y evitar que algo así vuelva a suceder?

La confianza en la sanidad pública se construye con profesionalidad, recursos y verdad. Y cuando esa confianza se quiebra, las instituciones tienen la obligación de actuar con absoluta contundencia. La Región de Murcia cuenta con excelentes profesionales sanitarios que trabajan cada día con entrega y vocación. Precisamente por respeto a ellos y a toda la ciudadanía, no podemos permitir que la sombra de la corrupción y la negligencia manche nuestro sistema sanitario.

Este caso no puede quedar reducido a un titular pasajero. Estamos hablando de posibles delitos muy graves y de decisiones que afectaron directamente a la salud de las personas. La ciudadanía merece conocer toda la verdad, caiga quien caiga.

Como murcianos, tenemos la obligación de pelear por la ciudadanía, y también por los profesionales que garantizan la salud y la vida de las personas. Un descontrol de este tipo es muy grave y todavía no conocemos el alcance real que tiene. Es necesario y urgente conocer todo lo que ha pasado, y el Gobierno regional va a tener que asumir su responsabilidad por haber consentido hechos tan graves.

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