La narrativa que condena a las víctimas

Las declaraciones que salieron a la luz hace pocas semanas del juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, en una charla formativa y pública en el Colegio de Abogados de esta ciudad, celebrada un día después de que la mujer que ha denunciado al exDAO José Ángel González compareciese ante él para ratificar su denuncia, no solo son inquietantes, indignantes y mal intencionadas, sino que parten de premisas falsas, como bien debe saber un juez especializado en violencia de género.

Afirma este especialista que «se han otorgado tantas ventajas a una mujer por poner una denuncia, como son la asistencia gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, otorgándole incluso un abogado de oficio» que, claro, ¡cómo no van a salir corriendo como locas a poner denuncias a diestro y siniestro porque, por supuesto, no pierden nada, absolutamente nada, siempre ganan!

Atribuye también el juez, como una premisa irrefutable, «la animadversión de la mujer por la custodia compartida» a la que suelen negarse, sin duda, viene a insinuar, aconsejadas por sus abogadas, tan perversas como ellas, con la finalidad de alargar los procesos y dar tiempo a que las madres vayan haciendo a los hijos el oportuno «lavado de coco» para que «ese niño se vaya separando del padre progresivamente», porque claro, las madres piensan que como a ellas el padre de sus hijos les ha hecho daño, también se lo hará a ellos, y es que ¿a quién se le puede ocurrir una deducción tan peregrina y absurda?

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de uno de los cuales es titular este juez, fueron creados a raíz de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y nacieron para dar una respuesta integral y rápida, puesto que la vida de una mujer corre peligro, en casos de violencia de género por parte de sus parejas o exparejas. Su papel es esencial para garantizar la protección de las víctimas y la persecución de los delitos relacionados. Entre sus competencias, además de las penales, destacan, entre otras: la guarda y custodia de hijos e hijas; el uso y disfrute de la vivienda familiar; establecer pensiones de alimentos o pensiones compensatorias si fuera preciso; la suspensión del régimen de visitas; priorizando la protección inmediata de la víctima y de sus descendientes mediante protocolos coordinados con policía, servicios sociales y forenses para llevar a cabo estas actuaciones.

Las víctimas, efectivamente, pueden recibir asesoramiento gratuito a través de los servicios de orientación jurídica, asociaciones de apoyo a víctimas y el propio turno de oficio especializado en violencia de género; actuaciones y ayudas que al juez en cuestión le resultan excesivas, y que vendrían a provocar un «efecto llamada», en virtud de la generosidad de una legislación buenista, woke. Pero no se alarmen, para corregir esos defectos de las instituciones y de las leyes contamos con jueces como Maman, que mantienen la necesidad de instruir y alertar a los operadores jurídicos de estos peligrosos excesos y así ser capaces de enmendar las injusticias que protegen en exceso a la mujer víctima de violencia de género frente a sus maltratadores.

¿Y qué hace el Consejo General del Poder Judicial ante un caso tan flagrante de falta de imparcialidad y de prevaricación como este cuando entre las principales funciones de este órgano colegiado se encuentran: garantizar la independencia e imparcialidad de jueces y tribunales frente a los demás poderes del Estado y velar por el correcto funcionamiento de los diferentes servicios que presta la administración de justicia, así como efectuar el control disciplinario de este personal? Pues, por el momento, nada.

Porque, como hemos podido comprobar, se puede censurar y deslegitimar a los poderes e instituciones del Estado hasta extremos que rayan el delito, pero a jueces y magistrados ni un solo reproche, ni una sola crítica a su actuación, como si hubieran sido ungidos por el dedo divino.

Pero analicemos las declaraciones del juez y sus falaces argumentos:

En primer lugar, presupone que la mayor parte de las denuncias de las mujeres en casos de violencia de género son exageradas o falsas con la única finalidad de obtener las ventajas y protección que les concede la Ley para, a continuación, poner bajo sospecha a las madres, atribuyéndoles una maquiavélica manipulación de sus hijos e hijas frente a sus desamparados padres.

Esta argumentación parte de premisas falsas que las cifras y las estadísticas contradicen. Sin negar, por supuesto, que puedan darse casos de denuncias falsas, antes de hacer afirmaciones tan frívolas como las de este juez ante un auditorio de juristas, es imprescindible reiterar, una vez más, porque parece que se olvida con demasiada facilidad, que de los dos millones y medio de denuncias registradas por violencia de género desde que en 2009 se dispone de datos, únicamente se han investigado, por parte de la Fiscalía, 436 posibles denuncias falsas, un 0,018%, y de estas, han resultado condenatorias para las denunciantes 189, un 0,008%. Otro dato muy significativo para un análisis más riguroso y objetivo es que entre el 75 y 80% de las mujeres víctimas de violencia no denuncia. Es incomprensible, por tanto, que siendo supuestamente tan fácil y beneficioso denunciar, tan solo lo haga alrededor de un 25% de las víctimas.

Este hecho tan revelador basta para rebatir y descalificar el prejuicioso argumentario de este juez, porque lo que de verdad se esconde tras esta cultura de silencio de tantas y tantas víctimas son factores como el miedo a sufrir represalias sobre ellas y sus hijos e hijas, la dependencia económica de su maltratador que las dejaría sin recursos y, sobre todo, la desconfianza en un sistema judicial que, como el caso del juez Maman, va a poner en cuestión su palabra, revictimizándolas como mujeres, como madres, y hasta como seres humanos.

Por todo esto nos preguntamos ¿Qué hace un juez como este en un juzgado especializado en violencia de género? Solo se nos ocurre una respuesta: poner en su sitio y prevenirnos contra esas avalanchas de mujeres sin escrúpulos que pretenden aprovecharse de los excesivos privilegios que según él, la legislación y las administraciones les otorgan, y para proteger a los indefensos hombres, difamados y separados injustamente de sus hijas e hijos.

Que hayan sido asesinadas 1360 mujeres y 68 menores por violencia de género desde que se tienen registros y que haya quedado huérfanos 521 menores, no parece ser motivo suficiente para este juez.

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