El estado de desecho

Una de las acepciones del verbo desechar es la de renunciar, esto es, prescindir de algo que se venía utilizando. La piedra angular de todas las democracias es precisamente el estado de derecho, lo que supone la gobernanza y administración de los países conforme a las leyes aprobadas por los representantes de los ciudadanos, algo que dimana de los llamados sistemas parlamentarios. Tras centurias de absolutismo, cuando los reyes disponían y los demás obedecían, tras la Revolución Francesa de 1789 los súbditos se convirtieron en ciudadanos, y, en principio, dueños de su destino. Este hecho histórico vino seguido del advenimiento de las llamadas democracias occidentales, que vinieron a actualizar, con todos los matices a observar, la forma de regirse de las antiguas civilizaciones europeas, lo que se viene a denominar como la antigüedad clásica, y más concretamente, Grecia y Roma.

En los finales del siglo XVIII y principios del XIX se asientan esas ideas democráticas, auspiciadas por el principio de separación de los poderes públicos y alimentadas de otras creaciones como el constitucionalismo, la codificación y hasta el academicismo. Los órganos legislativos crean las leyes, los ejecutivos las plasman en la vida de los ciudadanos y los jueces controlan el ajuste del proceder de ambos a lo dispuesto por aquellas leyes. Esa es la archiconocida teoría de Montesquieu, la que inicialmente fue aplicada en Estados Unidos.

Pues bien, en nuestro tiempo, ya transcurridos más de dos siglos del invento, con más o menos ajuste a esas coordenadas, se siguen rigiendo las democracias occidentales.

Pero, desgraciadamente, mediante el ansia de poder y la voluntad de imponer determinada ideología en cada momento, el Estado de Derecho se desdibuja y a veces hasta se prostituye, convirtiéndolo en una caja muy bonita que no aloja en su interior nada más que basura.

Eso ocurre cuando verdaderamente se centra el poder en el órgano ejecutivo, gobernando sin contar con los otros, a los que se les soslaya o trata de avasallarse. El Parlamento no legisla, sino que aprueba lo enviado por el Gobierno, acudiéndose a los decretos leyes, creados sólo para las situaciones de urgencia, cuando las cámaras recelan de algo y no lo aprueban, y controlando a los jueces mediante un sistema de designaciones de los altos cargos evidentemente tendente a que satisfagan al propio Gobierno, sabedores de la ideología de cada uno de ellos, la que la mitad de las veces no se oculta mediante la adscripción a asociaciones claramente conectadas con los distintos partidos políticos.

Esa obscena tendencia no es propia de quien ahora nos gobierna, aunque realmente su práctica alcanza hoy niveles inasumibles en una democracia sana. Pero estoy seguro de que seguirá practicándose cuando se produzca un cambio del partido titular del Ejecutivo.

Y es que en España la corrupción se ha convertido en la línea trasversal de la vida de los ciudadanos, pues engañan sistemáticamente los contribuyentes, muchas veces amparados groseramente en que así restringen el dinero del presidente para viajar en aviones de titularidad pública, como si los anteriores no lo hubiese hecho, engañan muchos trabajadores, practicando un infame absentismo, siempre apoyado por los sindicatos, engañan muchos empresarios, buscándose favorecimientos públicos y orillando el buen funcionamiento de la contratación de esa índole, y, claro está, engañan y se corrompen muchos políticos, pues esa clase es un reflejo de la sociedad a la que representan y dirigen.

Alguna vez tendrá que cambiar esta deriva, pero reconozco que será difícil, pues en este país no se razona, ni falta que hace, sólo se obedece a quien dirige cada partido, aunque su forma de gobernar o de oponerse al Gobierno sea irracional, bendiciendo siempre lo que el líder decide. Es la llamada confrontación permanente, a lo que se destinan todas y cada una de las sesiones parlamentarias, tanto en las Cortes Generales como en las Asambleas Legislativas de cada comunidad autónoma.

Valga una perla. Es sorprendente que una actuación impecable y exitosa del gobierno central, la del crucero infectado, aplaudida por la OMS y por los países, hasta 26, afectados, se descalifique con invocaciones a la casi imposible contaminación de la isla de Tenerife. Pero toda la derecha acoge esa protesta, como lo hubiese hecho la izquierda si estuviese en la oposición. Y es que, hay que insistir, no se razona, se apoya lo que los «jefes» determinan, sin más.

En suma, formalmente seguimos disfrutando de un estado de derecho, pero si abrimos aquella caja, que aparenta contener un gran regalo, el buen ejercicio de la democracia, nos encontramos con algo bien distinto, el ejercicio del poder de manera despótica y siempre enfocada no a la satisfacción de todos los españoles, que es lo que todos dicen al tomar posesión, sino únicamente de los suyos, de quienes le votan.

Tenemos, más bien, un estado de desecho.

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