Una ley útil o papel mojado: proteger al personal sanitario exige ir a la raíz del problema

La Región de Murcia afronta la recta final para aprobar la Ley de Sanciones Administrativas frente a agresiones al personal sanitario. Es un paso necesario, pero insuficiente si no aborda las verdaderas causas del conflicto y las nuevas formas de violencia que hoy sufren los profesionales.

La reciente Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional ha situado sobre la mesa una reivindicación que las CC OO viene solicitando desde septiembre de 2022: la creación de un régimen sancionador eficaz que termine con la indefensión histórica de los profesionales del sistema sanitrio.

La futura Ley de Sanciones Administrativas representa, sin duda, un avance. Pero conviene ser claros: aprobar una norma que se limite a cumplir el expediente legislativo sería una oportunidad perdida. Una ley no puede reducirse a una declaración de intenciones, debe ser una herramienta que proporcione soluciones reales a la problemática de las agresiones a profesionales que trabajan en la sanidad pública murciana.

Es por esto que este sindicato va más allá en varias propuestas incidiendo en que la nueva normativa debe incorporar dos dimensiones hoy imprescindibles. En primer lugar, el acoso digital. Vivimos en una sociedad ‘hiperconectada’ donde la violencia trasciende los muros del centro de trabajo. Las campañas de señalamiento en redes sociales, la difusión de datos personales o el hostigamiento online son formas de violencia que afectan gravemente a la salud mental de los profesionales. En segundo lugar, los daños materiales. La impunidad no puede limitarse a las agresiones personales mientras quedan fuera conductas como el destrozo de vehículos, pertenencias o bienes vinculados al ejercicio profesional. La protección debe alcanzar tanto a los recursos públicos como a las propiedades privadas del personal cuando resulten afectadas por el desempeño de su trabajo.

Ahora bien, sería ingenuo pensar que el problema se resuelve exclusivamente endureciendo sanciones. Las 216 evaluaciones de riesgos psicosociales del propio SMS apuntan en una misma dirección: existe un riesgo elevado asociado a la sobrecarga asistencial. Plantillas insuficientes, agendas saturadas, demoras y listas de espera disparadas generan en los usuarios y las usuarias frustración social y tensan la relación asistencial hasta límites insostenibles, hasta que se perpetúa la agresión cuya impunidad refuerza al agresor.

No queremos cámaras que únicamente documenten nuestra humillación; queremos medidas que eviten que esa agresión llegue a producirse: adecuar plantillas, reforzar recursos y garantizar condiciones laborales dignas.

Además, la ley debe incluir a todos los colectivos que trabajan en la sanidad. La protección no puede reservarse a determinadas categorías profesionales mientras otras continúan invisibilizadas. El colectivo médico, el personal de enfermería, personal subalterno, personal administrativo, etc... forman parte de un mismo sistema y afrontan riesgos similares. La norma debe blindar a todos por igual.

Igualmente, resulta imprescindible que la Administración actúe de oficio ante cualquier agresión. El profesional no puede asumir, además del daño sufrido, la carga emocional y burocrática de iniciar un procedimiento. Los partes de incidencia deben activar automáticamente la respuesta administrativa y sancionadora.

Tampoco cabe anunciar planes sin respaldo económico. El II Plan de Prevención contra las Agresiones solo será creíble si cuenta con presupuesto real para desplegar medidas inmediatas: botones antipánico, refuerzo de seguridad física y mejoras organizativas.

Por último, el futuro Observatorio Regional de Agresiones no puede convertirse en un mero archivo estadístico. Debe ser un espacio útil de participación donde sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de usuarios transformen los datos en prevención efectiva. No basta con contar agresiones; hay que comprender por qué se producen y actuar en consecuencia.

Quienes trabajamos en sanidad acudimos cada día con el compromiso de cuidar. Pero ese compromiso no puede interpretarse como un cheque en blanco para soportar lo insoportable.

La Región de Murcia tiene ahora la oportunidad de aprobar una ley realmente transformadora: una norma que proteja a los profesionales en el centro de salud, en el hospital, en el domicilio y también en el entorno digital.

Porque sin salud laboral no hay sanidad pública. Y porque la violencia contra quienes cuidan no puede tolerarse ni un minuto más. n

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