Opinión | Tribuna libre
José Luis Hernández Costa
XXXI Aniversario del PORN del Parque de Sierra Espuña
Cómo convertir el plan de gestión de un espacio natural, que pretendía ser modélico a nivel nacional, en un rotundo fracaso por inclumplimiento, percibido como una expropiación encubierta del ancestral patrimonio material e inmaterial

Panorámica de Sierra Espuña. / Ecologistas en Acción
Varios años después de la publicación del decreto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque de Sierra Espuña (BORM 11-04-1995), el consejero de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Benito Mercader, en un acto de presentación en El Berro (Alhama de Murcia) de la futura DOP o marca garantizada de los productos del Parque de Sierra Espuña -de la que después nunca más se supo- nos dijo a asistentes y medios de comunicación presentes, algo así como: «Los propietarios y empresas que estén dentro del Parque, que hasta ahora se han sentido castigados, van en adelante a estar tan apoyados y discriminados positivamente que, quienes se hayan quedado fuera, van a querer incorporarse».
Y lo de ventajas y discriminación positiva para los propietarios y empresas afectadas no era exagerado, ya que del texto del decreto publicado se podían desprender algunas ayudas, compensaciones y planes que evidenciaban y enumeraban importantes apoyos a los afectados por las limitaciones del Parque, entre las que se encuentran: exención y bonificación de impuestos y tasas; creación de una denominación de origen (DOP) y una marca certificada de productos y elaborados del parque; mantenimiento de la ganadería tradicional, plan de fomento del pastoreo y de elaboración de productos derivados de la leche; apoyo a los cultivos agrícolas del Parque, según el mandato expreso del acuerdo de la Asamblea regional de 10 de noviembre de 1994; apoyo a la comercialización de productos agrarios y elaborados y a los productos artesanos y a la pequeña industria; indemnización «rigurosa» de los daños a los cultivos provocados por el arruí (podría haber un máximo de 300 ejemplares, habiendo llegado a computarse en algunos momentos varios miles, que han masacrado impunemente varios cientos de hectáreas de cultivos del interior y perímetro exterior del Parque) y el jabalí; prioridad absoluta de la normativa del Parque sobre la de la reserva de caza, vallado de la reserva y presentación en máximo 4 años de un estudio sobre la compatibilidad de la reserva con el Parque; o propiciar la actividad turística compatible con el parque; promover actividades de vinculación con los colectivos socioeconómicos locales y de propietarios para lograr la «aceptación de la gestión del Parque».
También incluía el PORN, hace 31 años, otros planes y proyectos más genéricos que afectaban asimismo a los vecinos del entorno exterior y a las poblaciones de la zona de influencia del Parque, entre las que destaca la elaboración, en el plazo de nueve meses, de un plan de actuación socioeconómica (PAS) destinado a la promoción económica e infraestructuras de todo el entorno y municipios de alrededor del Parque, según el mandato y acuerdo del parlamento regional de 7 de julio de 1994, del que llegó a haber un borrador con un presupuesto de varios miles de millones de las antiguas pesetas, sobre el que nada más se supo. Y también un plan de mejora de las infraestructuras generales y de la red de transporte público de los núcleos de población del Parque y entorno, así como otro detallado de la red de carreteras del interior y perímetro exterior del Parque. Además del fomento como Bien de Interés Cultural (BIC), de los pozos de la nieve (alguno de ellos privado, que se ha expropiado irregularmente, habiéndose anunciado por medio ambiente que se pretenden ceder a la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) y del complejo religioso-cultural de La Santa (cuyo bloqueo por Medio Ambiente ha costado al Ayuntamiento de Totana varios millones de euros), así como la promoción de los usos y costumbres y fiestas populares de la zona y del turismo compatible del Parque.
También cabe resaltar que, ya en 1995, se regulaba que en el plazo de un año (abril de 1996) se aprobaría el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) del PORN para que, según aparece reflejado, se pudiesen incorporar los planes y proyectos del propio PRUG a los presupuestos de las distintas consejerías. Al final, el PRUG del PORN se ha aprobado y publicado (BORM del 04-03-2026), ¡con sólo 30 años de retraso!, pero sin tener nada que ver con las directrices del PORN de 1995, del que derivaba, que además se ha incumplido -como hemos acreditado y evidenciado en los párrafos precedentes- de forma reiterada e impune.
Y todo lo anterior sin entrar a valorar el posible ecocidio que se pudiese haber practicado impunemente con la flora y fauna que en el PORN se protege, además de las gravísimas irregularidades de vertidos de aguas residuales y contaminación de suelos, tolerados por la presidencia y dirección del Parque que, si hubiesen sido cometidas por un particular, probablemente habrían desembocado en una posible grave imputación delictiva.
Tampoco queremos entrar en detalle en la opacidad en la gestión, falta de transparencia y posibles irregularidades de funcionamiento de la Junta Rectora del Parque, que ha sido durante muchos años un paripé, que ni siquiera se reunía, que se ha agravado especialmente en los últimos tres años, coincidiendo con la última presidencia y la tramitación del nuevo plan de gestión del Parque iniciado en 2021, que incluía su posible reconversión en Parque Nacional y ampliación al doble de hectáreas de las actuales; como lo acredita el que la preceptiva aprobación por esta de la memoria o el presupuesto anual del Parque, o bien no se producía o el presupuesto se aprobaba a final del año previsto.
Desde la percepción de los propietarios y del tejido socioeconómico afectado, mientras se han aplicado «todas» las limitaciones previstas para los propietarios y ciudadanos implicados, no se han aplicado «ninguna» de las ayudas ni compensaciones previstas, tanto para el interior del Parque y sus copropietarios, como para la población del entorno, como hemos referido en los párrafos anteriores con solo algunos ejemplos. Lo que ha generado esa sensación de engaño, estafa, expropiación, desconfianza y pérdida de credibilidad absoluta durante 31 años que han gestionado el Parque desde sus despachos de Murcia, como si se tratase de su «cortijo particular», con desprecio de su propia normativa y con grandes dosis de discrecionalidad y arbitrariedad, lo que no acredita su capacidad ni competencia ni es precisamente un ejemplo de garantía ni seguridad jurídica para los planes de gestión aún pendientes de aprobar.
Ahora, con la coartada de reconvertir el LIC de Sierra Espuña en ZEC (Zona de Especial Conservación), se publica un nuevo plan de gestión y el PRUG o desarrollo del PORN, con treinta años de retraso (Borm 04-03-2026) en el que -aunque poco importa lo que diga, si luego no se cumple lo que no les conviene- se pretende, entre otras cuestiones, profundizar en la expropiación encubierta practicada los últimos 31 años, extendiéndose ahora especialmente al patrimonio inmaterial de las costumbres y tradiciones ancestrales de cientos de miles de ciudadanos que venían practicando de forma «sostenible» durante varios siglos. Convirtiendo además Sierra Espuña en el campo de juego del pulso y órdagos entre los técnicos responsables de medio ambiente y sus no muy competentes políticos, cuyo resultado, hasta ahora, es de goleada en contra de estos últimos.
Pero esto último es otra historia y «culebrón», que afecta a diversos sectores del propio PP e incluso del propio Gobierno regional, que dan distintas versiones y lecturas sobre la vigencia real y aplicabilidad de la reciente ley regional 1/2026 (salida de La santa y su entorno del Parque de Sierra Espuña), sobre la que el propio presidente regional suponemos tiene aún mucho que decir antes de que trasciendan públicamente las importantes consecuencias y derivaciones de una u otra interpretación y aplicación alternativa.
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