Decidir tiene precio

Durante años nos han repetido que el derecho al aborto está garantizado en esta Región. Lo han dicho en comparecencias públicas y cada vez que alguien les ha señalado lo evidente. Pero una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. La diga quien la diga. La realidad no tiene nada que ver con lo que nos cuentan. Aquí las mujeres no abortan en la sanidad pública. Aquí se las deriva, de manera sistemática, organizada y sostenida en el tiempo. Y ya no es solo lo que relatan ellas -que también-, sino lo que dicen los propios documentos oficiales.

En julio de 2022, el Servicio Murciano de Salud firmó contratos para externalizar la interrupción voluntaria del embarazo a clínicas privadas durante cuatro años. No como algo excepcional ni como una solución puntual, sino como modelo. Es decir, la propia administración asumió que este servicio no se iba a prestar dentro del sistema público y organizó todo un circuito fuera. Lo hizo con precios cerrados por intervención: más de 470 euros hasta las 14 semanas y cerca de 1.300 euros en los casos más avanzados. Pero hay más. Mucho más.

Ese acuerdo marco, solo uno de sus lotes, superó los 5,6 millones de euros. Más de cinco millones de dinero público destinados a que este servicio no se preste dentro de la sanidad pública, sino fuera. Más de cinco millones para derivar, organizar la salida y sostener un sistema que, en lugar de garantizar un derecho, lo desplaza. Porque cuando hay millones para externalizar, no se puede seguir hablando de falta de medios sin explicar qué decisiones se han tomado y por qué.

Estos contratos no aparecieron por arte de magia en un momento cualquiera. Se firmaron después de muchas denuncias. Después de que la Plataforma de Mujeres Afectadas lo pusiera sobre la mesa una y otra vez. Después de que lo denunciáramos en la Asamblea Regional, con datos, con testimonios y nombres. Después de artículos, de manifestaciones y de historias que ya era imposible ignorar. Pero la respuesta institucional no fue corregir el problema, sino consolidarlo por contrato. Convertirlo en norma. Blindarlo.

Todo ello bajo una justificación que se ha repetido hasta la saciedad: la objeción de conciencia. Sin embargo, nunca se ha acompañado de datos públicos claros -la lista de objetores que tanto hemos pedido- que permitan entender la dimensión del problema ni por qué este servicio no se presta dentro del sistema público en esta región, como sí ocurre en otros muchos lugares del país. A falta de esa información, lo que vemos es un modelo que deriva de forma sistemática a las mujeres fuera. Y, además, plantea preguntas que merecen respuesta. Hablamos de contratos adjudicados a clínicas con nombres distintos, dentro del mismo expediente y del mismo circuito de prestación. Cualquiera que revise esa estructura podría preguntarse hasta qué punto existe una concurrencia efectiva o si estamos ante una organización de la prestación que debería explicarse con mayor transparencia.

Pero lo verdaderamente grave no es solo cómo se ha articulado este modelo, sino quién interviene en los casos más delicados. Para ellos existe un Comité Ético que participa en decisiones especialmente sensibles y al frente del mismo lleva años la misma persona: el doctor Juan Luis Delgado, ginecólogo y jefe de Medicina Materno Fetal de La Arrixaca. Un nombre público que cito porque fue él mismo quien expresó abiertamente su posición contraria al aborto en televisión. Y eso, como mínimo, plantea dudas razonables sobre la necesaria imparcialidad en un órgano de estas características.

Este comité interviene en tiempos, informes y decisiones que afectan directamente a mujeres que atraviesan situaciones límite. Y cuando los procesos se alargan, las consecuencias son muy concretas: los plazos avanzan, las opciones se reducen y, en muchos casos, la única salida termina siendo marcharse fuera. Y fuera ya no es Madrid, como ocurrió durante años y conseguimos frenar. Ahora es Bruselas. Mujeres que tienen que coger un avión, pagarlo de su bolsillo y salir de su país para poder hacer algo que aquí debería estar garantizado dentro de su propio sistema sanitario. Mujeres que lo hacen solas, en condiciones durísimas y sintiéndose como fugitivas cuando lo único que intentan hacer es ejercer un derecho reconocido.

¿Y la que no puede pagar ese viaje? ¿Y la que no llega a tiempo porque su proceso se ha alargado más de lo debido? ¿Y la que se queda sin alternativas? Esa mujer, en Murcia, simplemente, se queda sin derecho.

Hace apenas unos días volvíamos a escuchar testimonios durísimos que denunciaban presiones en esta región. Ya no puede analizarse como un hecho aislado cuando encaja con un contexto que lleva años pasando. Lo que ocurre aquí no son episodios puntuales. Es una forma de funcionar que dificulta, retrasa y desplaza el ejercicio de un derecho reconocido.

Ahora toca renovar ese mismo Comité Ético, probablemente con las mismas personas y con Juan Luis Delgado al frente. Y en este punto ya no se trata de interpretar, sino de asumir lo que significa mantener la misma estructura después de todo lo que se ha vivido y denunciado. Esto no es solo un debate técnico ni una cuestión organizativa. Es algo mucho más grave: si las mujeres de esta región pueden ejercer sus derechos en condiciones dignas o si van a seguir encontrándose con obstáculos que no deberían existir. No es algo abstracto. Son historias reales que dejan heridas muy difíciles de cicatrizar.

Es imposible no pensar que estamos en 2026 pero que todo esto se parece demasiado a otra época. A cuando solo las mujeres que podían permitírselo se iban fuera -entonces a Londres, ahora a Bruselas- para poder decidir. A cuando las que no podían se quedaban aquí, atrapadas en decisiones que no habían tomado o en vidas que no habían elegido. A cuando otros decidían por ellas. No debería parecerse tanto, pero así estamos y por eso seguimos aquí. Porque no vamos a dejar de contarlo, de señalarlo y de gritarlo donde haga falta hasta que las cosas cambien y quienes hoy sostienen este sistema dejen de pisotear nuestros derechos.

En el Viejo Oeste la muerte tenía un precio, pero en «la tierra más maravillosa del mundo» lo que sigue teniendo precio es decidir, y las que siguen pagándolo son las mujeres.

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