El capitalismo y el derecho a la vivienda son incompatibles

Hay momentos en la historia de los países en los que las costuras del sistema parecen a punto de reventar, incluso cuando las grandes cifras macroeconómicas reflejan una sociedad próspera. Marx explicó este fenómeno como resultado de la contradicción entre el progreso que el capitalismo genera y las relaciones sociales en las que se apoya, que, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en un freno para su propio crecimiento.

La cuestión de la vivienda constituye el paradigma de este principio. Hace unos días se publicó, en una de esas zonas recónditas de la prensa donde se relegan las noticias económicas, que Amancio Ortega, el hombre más rico de España y una de las mayores fortunas del planeta, está destinando los inmensos beneficios de su imperio textil a levantar un patrimonio inmobiliario que supera los 21.000 millones de euros. Es decir, lo que obtiene de la producción de ropa no lo reinvierte en optimizar la eficiencia en sus fábricas, en mejorar las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras o en una mayor contribución fiscal. Se orienta, en cambio, hacia la inversión en el ladrillo, convertido en el nuevo Eldorado de un capitalismo cada vez más obsesionado por la rentabilidad a corto plazo.

Si a este comportamiento de Amancio Ortega sumamos el de los fondos buitre y el de muchos tenedores de viviendas, grandes y pequeños, llegamos a la conclusión de que las casas que la gente necesita se han convertido en un activo financiero más, quizás el de mayor relevancia en la actualidad, como lo fueron los tulipanes en la Holanda del siglo XVII: una burbuja que se infló cuando la riqueza generada por el comercio se invirtió en esta planta bulbosa en busca de ganancias rápidas y sin riesgo, y cuyo resultado fue el colapso del mercado y la ruina de una legión de inversores. Reediciones de este proceder las hemos vivido a lo largo de la historia desde entonces.

El problema es que ahora, ese capital especulativo que recorre el mundo en busca de plusvalías urgentes, y que multiplica varias veces el destinado a la producción de bienes y servicios, se ha cebado con un derecho básico de las personas: la vivienda. Todo el mundo precisa de un techo bajo el que vivir, y esa necesidad vital no puede quedar al albur de la codicia de quienes concentran grandes recursos económicos o patrimonios inmobiliarios. En definitiva, la vivienda, como la sanidad, no es una mercancía más: requiere de una intervención pública de magnitud proporcional a la gravedad del problema.

En este sentido, el asunto suele despacharse con la idea de que existe simplemente un problema de oferta: faltan casas y, por ello, sus precios se han disparado, tanto para alquilar como para vender, como consecuencia de una demanda desproporcionada que desborda las existencias disponibles. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja, como vienen señalando diversos expertos y economistas. No puede hablarse, sin más, de escasez de este bien de primera necesidad cuando en España hay unos cuatro millones de viviendas vacías, si bien es verdad que muchas de ellas no se localizan en aquellos lugares donde, por razones de expansión demográfica y dinamismo económico, se concentra la demanda. El problema es que gran parte de la misma no es residencial, sino de carácter inversor-especulativo: fondos y particulares se han lanzado a comprar inmuebles como si no hubiera un mañana con la intención de destinarlos al alquiler o a su reventa a precios muy elevados. Estas operaciones reducen de forma significativa su disponibilidad para quienes buscan, sencillamente, un lugar donde vivir.

Si admitimos como válido este diagnóstico, que por otra parte encaja con la realidad que todo el mundo percibe, la solución parece evidente: hay que intervenir el mercado limitando drásticamente, incluso prohibiendo, la compra de inmuebles cuya finalidad no sea residencial. Asimismo, conviene sacar toda esa vivienda vacía para cubrir las necesidades habitacionales. Y ello no se consigue con regalos fiscales a sus propietarios, que no tienen otra consecuencia que socializar el coste de los alquileres abusivos en beneficio de los caseros. Esas casas improductivas afloran si se penalizan fiscalmente, sin menoscabo de las garantías de seguridad que habría que proporcionar a sus dueños.

Finalmente, dado que estas medidas quizá no corrijan el desajuste entre oferta y demanda, resulta necesario levantar un parque público de dimensiones considerables, al estilo del existente en ciudades europeas como Viena. Lo hecho hasta ahora es claramente insuficiente. La Ley de Vivienda vigente no evita que los inmuebles abandonen el alquiler convencional para refugiarse en el de temporada, turístico o por habitaciones. Incluso cuando las Administraciones retiran viviendas turísticas, no aumenta la oferta de alquiler permanente porque sus propietarios optan por pasarlas al temporal, venderlas o mantenerlas vacías.

La declaración de zonas tensionadas, además de ser despreciada por las derechas, se centra en los grandes tenedores y en los nuevos contratos. Esta medida deja fuera, sin embargo, a los propietarios con menos de cinco viviendas y aquellas casas que entran y salen del mercado inmobiliario a través de otras fórmulas.

En fin, ahora tenemos sobre la palestra un plan del gobierno para construir 94.000 viviendas públicas en un país donde faltan millones. Se insiste en las bonificaciones fiscales a los propietarios, lo que supone una transferencia de recursos públicos hacia éstos sin traducirse en una rebaja drástica de los alquileres: al casero le sale más a cuenta subir el precio en la renovación del contrato que acogerse a unas deducciones en el IRPF que le reportan menos ingresos.

Lo cierto es que asistimos a un grave problema social: la gente trabajadora no puede ni comprar ni alquilar, y los desahucios, impulsados por los fondos buitre que se hacen con inmuebles, están a la orden del día. El capitalismo es el problema.

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