La temeridad del Gobierno con el crucero del hantavirus

La gestión de las crisis sanitarias exige, por encima de todo, rigor, transparencia y un respeto escrupuloso a los protocolos internacionales. Sin embargo, lo que estamos presenciando en España con la acogida del crucero afectado por un brote de hantavirus en las costas canarias, y su posterior traslado a Madrid, no es un ejercicio de humanitarismo, sino una nueva exhibición de irresponsabilidad política. Una vez más, bajo el disfraz de una «solidaridad» mal entendida, el Gobierno de España está comprometiendo la seguridad de sus ciudadanos para blindar intereses particulares y para activar cortinas de humo mediáticas.

Resulta asombroso que un Gobierno europeo ignore de forma tan flagrante el principio del Estado del pabellón. El crucero en cuestión navega bajo bandera de los Países Bajos y, según el derecho internacional, es dicha nación la responsable legal, sanitaria y diplomática de garantizar que la embarcación cumpla las normas y de gestionar las crisis que ocurran a bordo.

Al aceptar el desembarco en Canarias, España no solo asume un riesgo epidemiológico absolutamente innecesario, sino que libera de sus obligaciones a quien legítimamente debería tutelar la situación. ¿Por qué España se apresura a ejercer de «hospital del mundo» cuando la responsabilidad recae sobre otra potencia europea? La respuesta no se halla en los manuales de salud pública, sino en los pasillos de La Moncloa.

La decisión de atracar en Canarias y, lo que es aún más alarmante, el anuncio del traslado de los enfermos a Madrid, parece responder a una estrategia de dispersión de riesgos... políticos. Canarias, ya castigada por una presión migratoria incesante y una gestión de recursos al límite, se ve ahora convertida en la primera línea de choque de un brote vírico de alta peligrosidad. Y el posterior traslado a Madrid desafía cualquier lógica de contención. Mover a pacientes con hantavirus —una patología con tasas de letalidad que no permiten experimentos— a través de miles de kilómetros sugiere que el objetivo no es la eficiencia sanitaria, ni la contención del virus, sino la creación de un estado de alarma constante que sature el debate público.

Es imposible analizar este movimiento sin mirar el calendario judicial. En un momento en que las revelaciones sobre el caso Ábalos-Koldo asfixian al Ejecutivo, el «ruido» de una crisis sanitaria internacional es el bálsamo perfecto para desviar el foco de la opinión pública. No es una táctica nueva: cuando la corrupción acecha, el Gobierno activa el protocolo de emergencia ética o sanitaria para que los titulares sobre comisiones ilegales, sobre mascarillas defectuosas o sobre fiestas ministeriales con prostitutas de seis en seis pagadas con dinero público, queden sepultados bajo la épica de la salvación de un crucero y de la Humanidad.

Estamos ante una utilización espuria de la salud pública como herramienta de propaganda. Se prefiere gestionar una crisis de seguridad biológica antes que dar explicaciones sobre una crisis de integridad democrática.

Y tampoco podemos ignorar el factor personal en la gestión de la ministra de Sanidad. El pasado 23 de mayo de 2025, la ministra fue nombrada miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este puesto, de enorme prestigio internacional, no parece ser ajeno a las decisiones que se están tomando hoy.

¿Estamos ante una política de puertas abiertas al riesgo sanitario para que la ministra no pierda su codiciada posición en Ginebra? ¿Es esta acogida un «favor devuelto» o una forma de comprar prestigio internacional a costa de la tranquilidad de los españoles? Que la seguridad nacional se esté canjeando por currículums personales o favores diplomáticos es, sencillamente, intolerable. Si la ministra prioriza su puesto en la OMS sobre la protección de Canarias, de Madrid y del resto de España, su dimisión no debería ser una opción, sino una exigencia.

La solidaridad internacional es un valor noble, pero no puede ser la excusa para el uso de la población como escudo humano. Gobernar es priorizar la seguridad de los propios ciudadanos. Utilizar un virus para tapar las vergüenzas de un gobierno y para asegurar un sillón en la OMS no es política sanitaria; es una temeridad. España no puede ser el puerto de conveniencia y el experimento logístico de quienes, una vez más, confunden el interés general con su propia salvación judicial y profesional. Pero, por desgracia, esto no deja de ser un espectáculo más de ese peligroso crucero en el que Sánchez nos tiene embarcados a todos los españoles.

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