El impacto político de la prioridad nacional

La idea de prioridad nacional ha conmocionado el nuevo ciclo electoral, está configurando los gobiernos autonómicos y terminará con la expulsión de Pedro Sánchez del Consejo de Ministros. Posiblemente en su formulación más intuitiva «prioridad nacional» significa poner a España arriba y los españoles primero.

Estamos ante un «principio político» capaz de fulminar a un presidente que pasará a la historia como inventor de la democracia «de voto secreto en urna escondida detrás del catafalco de su comité federal». Esa fórmula política hizo llorar de vergüenza a unos pocos pero, infiltrada a base de mordidas y masajes, ahora salta por todas partes junto a Koldo, Jessica, Ábalos, Aldama o el jefe de la banda.

No hay obra, subvención, mascarilla, piso, enchufe, cargo, institución ni empresa a salvo del mangoneo en España, degradada en democracia de cloaca, donde toda corrupción es posible como bien apunta el fiscal Luzón. El Gobierno ha provocado una mutación constitucional avalada por separatistas y comunistas que (al margen del puterío y las comisiones) destroza la integridad nacional, la base demográfica e incluso el censo electoral.

La prioridad nacional es un principio regulador que tiene valor moral y valor jurídico. Tiene capacidad para rearmar el espíritu patriótico tras décadas de chantaje separatista y revertir una invasión migratoria con sustrato islamista en su peor parte. La prioridad nacional viene a orientar la actividad legislativa y la acción de gobierno para evitar que los españoles sean postergados en el acceso a prestaciones y servicios que sólo existen gracias al trabajo y esfuerzo acumulado de generaciones. La fórmula «no los queremos aquí» sintetiza el rechazo a un gasto insostenible que ha malversado 10.000 millones de fondos europeos para atender las pensiones y el salario mínimo vital.

Defender la prioridad de los españoles equivale a entender la nación como una comunidad de propietarios que pagan los gastos comunes y no asimilarla a una comuna hippy donde todo se funde con cualquiera que llega para montar una juerga. La analogía de la comunidad de propietarios aproxima el concepto de prioridad nacional al sentido común porque todo el mundo entiende que la familia y el hogar lo ponemos primero porque nos identifica y nos resguarda de todo mal.

Los partidos patriotas de Europa defienden estas ideas como parte de sus programas. La defensa de la industria nacional frente a su deslocalización, la soberanía energética frente a la dependencia exterior, la apuesta por nuestra agricultura y ganadería frente acuerdos comerciales que traicionan la «preferencia comunitaria» volviéndola mundialista. La eficacia reguladora de este postulado no se limita al acceso prioritario a la vivienda o las prestaciones asistenciales para los españoles necesitados o los extranjeros arraigados que vienen a trabajar.

Otra analogía es la que entiende la comunidad nacional como un organismo vivo que gana su inmunidad frente a las infecciones que proceden del exterior y frente a elementos patógenos que quieren acceder a los órganos vitales para llevar una existencia parasitaria. La inmunidad del cuerpo social se logra al preservar la integridad del ente colectivo que tiene vida propia en forma de cultura, valores y tradiciones. Es indudable que, en caso de peligro, esa esencia espiritual sólo será defendida por los auténticos nacionales y también por extranjeros naturalizados tras un arraigo demostrado y un juramento de fidelidad inquebrantable. Giorgia Meloni dijo acertadamente que «la nacionalidad se merece, nunca se regala», como hace este Gobierno social-comunista, con la intención de lograr un reemplazo demográfico y un vuelco electoral. Y para impedirlo es lícito rescindir el privilegio sagrado de ser español otorgado a extranjeros en caso de deslealtad criminal o desprecio a nuestros valores.

La prioridad que defendemos es un valor constitucional porque cualquier nación se constituye y prospera sobre esta idea fundamental para la supervivencia. No en vano dice nuestra Constitución que «los españoles» tienen derecho a la vivienda y también el derecho-deber de defender a España. Los pactos de gobierno alcanzados en las autonomías representan una nueva generación de acuerdos basados en la prioridad nacional que prefiguran el estilo de lo que ha de venir en el post-sanchismo tras las próximas elecciones legislativas.

Los que dicen que la prioridad nacional contradice la legalidad vigente no entienden que hablamos de un principio político que irrumpe con fuerza nueva y voluntad resuelta para producir los cambios legales que sean necesarios. La prioridad española viene a frenar el impacto de los falsos principios que han provocado una mutación constitucional destructiva: resiliencia ecofeminista, imperativo climático, perspectiva de género, apertura mundialista, invasión migratoria y otras reformulaciones izquierdistas (disfrazadas de Agenda 2030) que han degenerado nuestra democracia hasta extremos nunca vistos.

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