La verdadera "prioridad nacional" es sacar al PSOE del gobierno

Las regularizaciones extraordinarias y masivas de inmigrantes ilegales y la concesión acelerada de nacionalidades con la excusa de las vías históricas o de descendencia se ha convertido en uno más de los tejemanejes de Sánchez y de su Partido Socialista: como no puede convencer a los españoles de que le voten, ha decidido crear nuevos votantes.

Las cifras son espeluznantes: 2,56 millones de solicitudes de nacionalización, más de 500 mil ya concedidas y una tasa de éxito del 98%. Desde 2018 se han concedido ya 1,7 millones de pasaportes con derecho a voto. En cuanto a las regularizaciones masivas, la policía estima que habrá 1,3 millones de solicitantes, que se pueden convertir en el doble a través de la reunificación familiar.

La magnitud de estos procesos no es menor ni temporal: afectan al censo electoral, al sistema de bienestar, a la identidad cultural y a la capacidad de los servicios básicos. Pero, sobre todo, revelan una preocupante falta de moral y de escrúpulos de un dirigente al que lo único que le preocupa es su permanencia en el poder a costa de lo que sea.

Uno de los impactos más significativos es el cambio demográfico acelerado. Cuando se otorgan millones de permisos de residencia y nacionalidades en periodos muy breves, la estructura poblacional se transforma de manera inmediata. Esto no es una especulación: es un hecho matemático. Y cuando cambia la población, cambia también el censo electoral, lo que altera la composición del cuerpo político que decide el rumbo del país. Ninguna de estas medidas ha venido de la mano de una evaluación de impacto clara, transparente y sometida a control parlamentario, porque ni le importa ni le interesa. Su objetivo es, como ya he dicho, su permanencia en el poder.

El sistema de bienestar es otro de los pilares afectados. La incorporación de nuevos residentes y ciudadanos implica un aumento en la demanda de servicios sanitarios, educativos y sociales. En un contexto donde España ya enfrenta tensiones por envejecimiento, falta de financiación o saturación estructural, cualquier incremento rápido de usuarios puede agravar problemas preexistentes. Algo tan básico como entender que los sistemas tienen límites físicos y presupuestarios, debería hacer entender a cualquiera que estas decisiones deben llevar una planificación rigurosa si no quiere ver cómo colapsa el sistema.

La identidad cultural y el desplazamiento repentino de nuestras tradiciones también entran en juego. La llegada masiva de culturas que no respetan ni nuestros valores ni nuestros principios, que no comparten nuestro idioma, cultura o modo de vida, o que chocan directamente con los derechos de la mujer y con su seguridad, enfrenta a nativos frente a recién llegados creando una crispación que acaba muchas veces en violencia.

Los servicios básicos, como la vivienda, el transporte o la sanidad, también se ven sometidos a presión. En zonas donde la oferta de vivienda ya es limitada, el aumento repentino de la demanda va a intensificar la competencia por recursos ya escasos. En el sistema sanitario, que ya sufre largas colas y listas de espera prolongadas, la incorporación de nuevos usuarios va a generar tensiones adicionales y muertes innecesarias. El transporte público ya está saturado, la educación desbordada, la justicia paralizada y la administración colapsada.

Y ante todo esto, la pasividad política, mediática, judicial, policial, empresarial y social de estos procesos de transformación profunda es exasperante. La mayoría de la población está en contra de estas medidas: el 67% de la población, según la encuesta de un periódico de tirada nacional. Y, entre los jóvenes, es casi el 90% los que están en contra. Pero la falta de unidad política de todos aquellos que no son la izquierda española hace que este gobierno destructor no tenga freno. Se van a conceder derechos políticos a millones de personas que no residen, que no cotizan, que no aportan y, sobre todo, que no van a sufrir las consecuencias de su voto, pero que sí nos las harán sufrir a los demás.

Estos procesos no son meros trámites administrativos: son decisiones que reconfiguran tanto el presente, como el futuro. Ignorar su impacto no lo hace desaparecer, sino que lo agrava. Por ello, cada vez es más necesario en España que toda la oposición a este desgobierno deje de lado sus diferencias y se dé cuenta, de una vez, que la verdadera «prioridad nacional» es sacar al PSOE del gobierno. Porque, mientras eso no pase, seremos espectadores voluntarios de la destrucción de nuestro modo de vida por un Pedro Sánchez que no conoce límites.

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