Ayudas al alquiler, entre desesperanza e indignación

La gestión de las ayudas al alquiler por parte del Gobierno regional no es que roce el escándalo; es auténticamente indignante. Hablamos de unas ayudas incluidas en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (PEAV) 2022-2025, financiadas al 100% por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y gestionadas por la CARM, que cubren el periodo desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 y de las que, a finales de febrero de 2026 -último dato publicado-, la Consejería de Fomento solo ha ejecutado el 5,9%.

Se trata de ayudas dirigidas a sufragar el 50% del alquiler de una vivienda cuya renta no supere los 600 euros, destinadas a personas o familias cuyos ingresos anuales, sumados los de todos los convivientes en el domicilio, sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM, referido a 14 pagas (25.200 euros anuales, o 1.800 euros mensuales). Esta última condición sitúa a los beneficiarios en hogares cuya renta disponible está por debajo de la renta mediana por unidad de consumo, es decir, la mitad de la población con menos recursos.

Pero pongamos en contexto la actuación del Gobierno regional, del que es responsable su presidente, Fernando López Miras. El 2 de noviembre de 2022 el Gobierno regional firmó un convenio con el Ministerio para el desarrollo del PEAV 2022-2025, plan que incluía doce programas de actuación. El primero de ellos era el de "Ayudas al alquiler de vivienda", dotado con 4 millones de euros, financiados íntegramente por el Ministerio y repartidos en tres anualidades presupuestarias, de 2023 a 2025.

El primer retraso se produjo en la convocatoria, que no se publicó hasta el 1 de julio de 2024. Como consecuencia, el millón de euros contemplado en el convenio para 2023 desaparece en la convocatoria, que queda reducida a un presupuesto de 3 millones. El periodo de solicitudes estuvo abierto durante siete meses, hasta el 1 de marzo de 2025. En esta fecha, y a pesar de que el periodo de resolución máximo era de seis meses desde la fecha de registro, no aparecía en la web de Transparencia de ejecución presupuestaria, ni un euro ejecutado.

Un año más tarde, en febrero de 2026, la cantidad ejecutada ascendía a 164.925 euros, de un total de 2,8 millones presupuestados en la convocatoria, para 2024 y 2025, es decir, un 5,9% de dicha cantidad. Si nos atenemos a los datos del PEAV anterior (2018-2021), en el que la media de estas ayudas concedidas fue de unos 3.400 euros, esto supone que los 164.925 euros ejecutados corresponderían a unas 48 solicitudes resueltas en diecinueve meses, de las 2.705 registradas al finalizar el plazo el 1 de marzo de 2025.

Quien trate de insinuar, como hizo el consejero de Fomento en el debate que mantuvimos sobre esta cuestión en la Asamblea Regional, que poner sobre la mesa estos datos es poner en cuestión la profesionalidad y eficacia del personal -funcionario o interino- de la Consejería, se equivoca de parte a parte. La responsabilidad no es del funcionario que, además de resolver estas solicitudes, tiene que tramitar otras tantas ayudas de otros tantos programas, así como los expedientes inconclusos que deja el personal interino cuando cesa su contrato, sin que nadie lo sustituya.

La responsabilidad no es del gestor, sino del responsable político, que no procura los medios y recursos necesarios para que aquel pueda desempeñar sus funciones con la diligencia y eficacia de que es capaz. Un responsable político que actúa así, tratándose además del asunto de que se trata, no muestra compromiso con la ciudadanía ni asume el peso de la responsabilidad del cargo que ocupa.

Esto es gestión, Fernando. No puedes tardar cinco años, como has hecho en las convocatorias anteriores del PEAV 2018-21, en resolver algo que te has comprometido a gestionar en un plazo máximo de seis meses. No hay excusa que te valga para mantener un día más esta situación.

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