2.145 millones de mentiras

30 de junio de 2021. Reunión del SCRATS con la vicepresidenta Teresa Ribera en Nuevos Ministerios, Madrid. Titular de la Sala de Prensa de la Moncloa: Teresa Ribera avanza a los regantes del Acueducto Tajo-Segura inversiones por más de 1.600 millones de euros para mejorar el estado de las cuencas del Trasvase (https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/300621-trasvase.aspx). Mil millonaria promesa, a sabiendas que era irrealizable, para ocultar una decisión meramente política. ¿Cuál?: Día 19 de abril de 2.018, un matutino tuit del entonces candidato Pedro Sánchez sorprendía al Levante: «Nuestro objetivo es el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras» (https://x.com/sanchezcastejon/status/987044845159108608?s=51) . Era el anuncio, en X, de lo que pocas horas después manifestaría ante un público de 400 personas en el Edificio Polivalente del Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete. Expresaba, en X, su visión política y legítima, ¡ojo!,del asunto, poner fin al Trasvase del Tajo a las bravas, nada de dejar el trabajo en manos del cambio climático. Era más fiable hacerlo vía decreto. Convendremos pues que, afirmar que el Gobierno entrante tenía el firme propósito de acabar con el Trasvase Tajo-Segura, no ha de servir para que nadie se «enfurruñe» cuando lo repito. Fue él -perdón, ÉL- quien prometió acabar con el Trasvase y nosotros, el sector agro levantino, nos juramentamos para defenderlo.

El resultado de esa promesa se visualizó el 29 de noviembre de 2022 en un vergonzante y teatralizado Consejo Nacional del Agua cuando se presentó para su votación el proyecto de Real Decreto que debía aprobar los planes hidrológicos del denominado cuarto ciclo -finalmente RD 35/2023, de 24 de enero. Proyecto «afeitado» con posterioridad por doña Teresa Ribera eliminando del mismo lo que de bueno pudiera significar para la integridad futura del Trasvase. Se mantuvo con carácter general en la planificación el régimen de caudales ecológicos del anterior ciclo en todos los ríos españoles, incluido el Tajo, a excepción de los tramos del Alto Tajo que se alimentan fundamentalmente de los embalses del Trasvase Tajo-Segura. Con el claro objetivo de dañarlo, dando así cumplida cuenta de lo anunciado en X por el candidato Sánchez en abril de 2018.

Aquel Real Decreto «afeitado» dictaba una serie de medidas, relacionadas con «el asunto» del Trasvase, que suponían un desembolso de fondos mayormente europeos, por un montante de, reparen en la cifra, 2.145 millones de euros, 500 más de los prometidos en 2021 por Ribera a mi Junta de Gobierno.

En el plan del Tajo, como importaba ante todo la salud del río, un total de 1.071 millones de euros irían a parar a mejorar «los sistemas depurativos de Madrid» y una serie de grandes poblaciones manchegas. Y además modernización de zonas regables del Alto Tajo (68,1 Millones). Medida que iba a permitir economizar una cifra incluso superior a 100 hm3 brutos, paliando parcialmente lo efectos del recorte al trasvase. Incumplidas ambas medidas.

En la Cuenca del Segura se ampliarían las IDAM´s del Estado por un valor de total de 425,4 millones. Apenas 111 millones invertidos, pero sin noticias de la ampliación de la planta de Valdelentisco. En relación con la conexión de la planta de Torrevieja con Ojós, nuevo de incumplimiento. Proyecto vital para que el agua producto de la desaladora de Torrevieja se pueda derivar a las comunidades concesionarias, ya que actualmente no hay tubería para conducir el agua a los regantes. Increíble pero cierto. Por ahora dos comunidades asumen los volúmenes procedentes de la desalación de Torrevieja y al resto se les compensa con recursos del Tajo. Si no hay trasvase el 98% de las comunidades que tienen derechos otorgados no podrán recibir agua desalada. Y por último la creación de plantas fotovoltaicas -para abaratar costes- vinculadas a las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco…360 millones de euros. Totalmente incumplido.

Además, el Real Decreto incluía otras medidas que permitían conocer los efectos de la implementación del nuevo régimen de caudales en el estado del río Tajo, tales como el «Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura». Dicho programa debería estar activo desde octubre de 2024. Nada se sabe de él casi dos años después, hasta el punto que en el actual ciclo de planificación, la Confederación Hidrográfica del Tajo reconoce, sin rubor, no tener datos para valorar el impacto real del trasvase en el estado de las masas de agua. O lo que es lo mismo, nada se sabe de la salud del río.

Cabría concluir que el estado de las masas de agua del Tajo, a la vista de lo actuado, les importaba casi tanto como el futuro del sector primario del Levante o la modernización de regadíos para los compañeros del Alto Tajo, nada. Únicamente han cumplido con el recorte, aumentando anual y escrupulosamente el incremento escalonado del régimen de caudales circulantes en el Alto Tajo, sin cumplir con el resto de medidas planteadas como «compensatorias». Incumplimientos que hacen, si cabe, ahondar más en la descoordinación de los planes del Tajo y Segura señalada en un dictamen del Consejo de Estado.

En definitiva, 2.145 millones no de euros sino de mentiras a las que hay que unir en el actual ciclo de planificación las nuevas promesas mil millonarias del MITERD de generación de nuevas plantas desaladoras, sin previsión de fechas, sin presupuestos y sin ayudas europeas que aseguren su financiación. Qué sufrido es el papel sobre el que la política escribe sus frivolidades electorales.

Lo descorazonador es que el Estado deja el sector primario vital para algunas de sus regiones en una situación, a futuro, muy complicada. Con un recorte cierto de cara al año 2.027 y 2.145 millones de mentiras para afrontarlo. Se acabará o no declarando la ilegalidad del procedimiento y del fondo de la decisión (política) adoptada, pero ya les adelanto que justa, lo que se dice justa, para el Levante no lo es y, por ende, tampoco para España.

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