Ningún país avanza cuando su gobierno divide a quienes lo educan

Cada mañana, miles de docentes abren las puertas de las aulas en España con la misma vocación, el mismo esfuerzo y la misma responsabilidad. Sin embargo, no todos reciben el mismo reconocimiento institucional. Esa brecha entre el esfuerzo real y el reconocimiento oficial se refleja con claridad en el reciente anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de España, que parece haber olvidado una premisa fundamental: la educación es un servicio público que prestamos entre todos y esta, como motor de progreso de la sociedad, no distingue entre la titularidad de los centros, sino que se nutre del compromiso diario de miles de profesionales que, con vocación y entrega, forman a las generaciones del mañana. Sin embargo, el Gobierno de España parece haberlo olvidado.

Error técnico e injusticia humana

FSIE ha recibido con profunda preocupación un texto que, bajo la promesa de modernizar la profesión docente, excluye de facto a los miles de profesores que desempeñan su labor en la enseñanza concertada. En nuestra región, este sector no es una realidad menor. Hablamos de una red de 125 centros concertados que escolarizan a más de 76.000 alumnos, lo que representa una parte esencial de nuestro sistema educativo. ¿Cómo se puede legislar sobre el futuro de la docencia dando la espalda a los profesionales que atienden a uno de cada cuatro alumnos murcianos?

Detrás de cada centro concertado también hay profesores que corrigen exámenes de madrugada, acompañan a alumnos con dificultades, atienden a familias preocupadas y convierten cada clase en una oportunidad de futuro. Invisibilizarlos en una ley educativa no es solo un error técnico: es una injusticia humana.

Una trampa que crea docentes de primera y de segunda

Esta exclusión no es solo un agravio comparativo; es una trampa que crea docentes de primera y de segunda. Si los requisitos de acceso, la formación y las exigencias curriculares son idénticas para todos, ¿por qué los derechos y la carrera docente deben ser distintos? Ignorar al profesorado de la red concertada en esta nueva ley es ignorar la pluralidad de nuestro sistema y, lo que es más grave, socavar la libertad de elección de las familias.

El Pleno del Consejo Escolar del Estado respaldó, por unanimidad, el informe que FSIE presentó en el que solicitaba que la reducción de la carga lectiva máxima se aplicara también al profesorado de la enseñanza concertada. Días después, en la Conferencia Sectorial de Educación, el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, reclamó las mismas condiciones para el profesorado de centros públicos y concertados ante el nuevo anteproyecto de ley del Ministerio. Por tanto, en la Región de Murcia no pedimos privilegios, sino justicia y equiparación, ya que un docente de un centro concertado realiza la misma labor social y educativa que su homólogo en la pública. Sus retos en el aula, su dedicación al alumnado y su pasión por enseñar son los mismos.

Como secretario general de FSIE, y tras años de interlocución con todos los sectores implicados, hago un llamamiento a la cordura institucional del Gobierno de Pedro Sánchez. No podemos permitir que una «ley estrella» nazca con el brillo apagado por la discriminación. La verdadera excelencia educativa solo se alcanzará cuando el reconocimiento a la labor docente sea universal, sin etiquetas ni exclusiones ideológicas.

En FSIE continuaremos alzando la voz hasta que la justicia llegue también a las aulas concertadas. Seguiremos defendiendo en todos los foros que la dignidad del profesorado no depende del código del centro donde imparte clase, sino del inmenso valor de su función social. Porque ningún país avanza cuando un gobierno divide a quienes lo educan. Si todos educan, todos cuentan. Y si todos cuentan, todos merecen la misma ley.

Suscríbete para seguir leyendo