Primero de Mayo: unidad y lucha por un futuro digno

Cuando el año pasado conmemorábamos el Primero de Mayo, yo apenas llevaba unos meses al frente de la Secretaría general de UGT. Aquella mezcla de ilusión, responsabilidad y vértigo que me acompañaba en los primeros días ha ido dando paso, después de un año muy intenso, a un proceso de aprendizaje concentrado, en el que he podido acumular, sobre todo, perspectiva.

La experiencia de estos meses, en los que he podido conocer la realidad de trabajadoras y trabajadores de sectores muy diversos e involucrarme de forma directa en el diálogo social y en la negociación colectiva, me ha permitido confirmar, con más claridad si cabe, la importancia del sindicalismo y de la unidad de la clase trabajadora.

Y es que a este Primero de Mayo llego, también, habiendo comprobado los límites y resistencias que debe vencer cualquier avance, por pequeño que sea. De ahí mi convencimiento de que la sindicación y movilización de las personas trabajadoras siguen siendo las herramientas más eficaces con las que contamos para defender y conquistar nuevos derechos y para ejercer, realmente, la función de contrapoder que estamos llamados a desempeñar en una sociedad democrática.

Nos encontramos, además, en un momento decisivo, en el que nuestro país y nuestra región tienen, a la vuelta de la esquina, procesos electorales que decidirán el camino a tomar en un contexto en el que el Derecho Internacional se desprecia, Europa relega sus compromisos con el empleo, la cohesión y los derechos sociales, y se normalizan y extienden cada vez más los discursos de la extrema derecha.

En este escenario, defender el sindicalismo y el papel que éste juega en defensa de los intereses y derechos de las personas trabajadoras es una necesidad democrática. Recordar a quienes lucharon antes que nosotros y oponerse a la lógica del individualismo y el «sálvese quien pueda», nuestra única opción para mantener lo conseguido y seguir avanzando hacia un modelo más justo, sostenible e inclusivo.

La agenda social que tenemos sobre la mesa no es menor. Hay que actualizar el marco normativo de la prevención de riesgos laborales, como condición irrenunciable para proteger de forma eficaz e integral la salud de las personas trabajadoras; tenemos que impulsar una reforma del despido sin causa que refuerce el efecto reparador y disuasorio de las indemnizaciones; regular de manera más restrictiva el tiempo parcial y las horas complementarias y extraordinarias; seguir impulsando salarios dignos que permitan vivir, y no solo subsistir; promover la reducción de la jornada laboral para ganar tiempo de vida y bienestar; y, por supuesto, reforzar y desarrollar la negociación colectiva sectorial, en una región como la nuestra, donde ciertas patronales la mantienen irresponsablemente bloqueada, en algunos casos, desde hace más de una década.

No se trata solo de crecer y crear empleo, se trata, también, de que ese crecimiento ayude a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas y todos.

Los avances de los últimos años —el incremento del salario mínimo, la reducción de la temporalidad propiciada por la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o el papel decisivo del escudo social negociado durante la crisis pandémica— demuestran que mejorar los derechos de las personas trabajadoras no solo no es incompatible con el crecimiento económico, sino que ayuda a sostenerlo y a repartir de forma más justa la riqueza que se crea.

Necesitamos, además, que nuestra economía aproveche las oportunidades que brindan la transición digital y ecológica y una apuesta estratégica por la industrialización, fomentar la cualificación y el bienestar de las personas trabajadoras y fortalecer los servicios públicos como pilar esencial para asegurar la igualdad y la cohesión social.

Lo que no necesitamos es que se continúe exprimiendo un modelo caduco que sigue utilizando los bajos salarios como único factor de competitividad, cronificando la pobreza laboral y dificultando nuestra transición hacia un modelo más sostenible e innovador.

Hablar de salarios dignos, se queda, además, a medias, si no hablamos de una de las circunstancias que más afecta a los ingresos de las familias trabajadoras, como es el coste de la vivienda. El encarecimiento sostenido de los alquileres y de la adquisición está erosionando cualquier mejora salarial y condicionando seriamente las expectativas, especialmente, de las generaciones más jóvenes.

Y es en este escenario complejo y repleto de desafíos que el papel del sindicalismo es más necesario que nunca. Frente a quienes pretenden desacreditarlo o debilitarlo, conviene recordar que la lucha organizada de la clase trabajadora ha sido clave en la construcción de nuestro sistema democrático, nuestro marco de relaciones laborales y nuestro estado de bienestar. Desvalorizar esto o llegar a cuestionarlo por intereses políticos no solo es antidemocrático, sino también profundamente amenazador para el progreso y futuro de nuestra sociedad.

Este Primero de Mayo, por tanto, no es una convocatoria vacía, sino una llamada a la conciencia de clase y a la responsabilidad de proteger lo conseguido, de mejorar lo que aún falla y de anticiparnos a los desafíos que solo podremos enfrentar si las trabajadoras y trabajadores volvemos a encontrarnos en la fraternidad, la solidaridad y la lucha colectiva, sin renunciar a conquistar un futuro más digno para todas y todos.