Vivienda, ni tacticismos ni mercado: intervención pública

Demasiadas tensiones y tacticismos a cuenta de la continuamente anunciada -y hasta ahora nunca aprobada- ley de vivienda asequible del Gobierno regional.

Por una parte, el PP y Antelo afirman que el acuerdo ya estaba cerrado hacía meses. Así lo han afirmado, tanto el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, como el propio Antelo tras la entrevista con el presidente de FRECOM, José Hernández, buscando un golpe de efecto para contrarrestar la repercusión mediática de la reunión del día anterior entre PP y Vox, en la que hablaron de este mismo tema. Sin embargo, si tanto acuerdo había, es extraño que el Ejecutivo regional no aprobara el proyecto de ley y no lo enviara a la Asamblea para su tramitación.

Ahora Vox, por mandato de su dirección estatal -Vox no mueve una hoja sin que Madrid se lo autorice-, introduce la nueva ocurrencia de la «prioridad nacional» como condición para el acceso a la vivienda; condición que, a pesar de ser xenófoba y racista, el PP trata de buscarle encaje jurídico y legal. Que no tenga encaje ético ni moral parece no preocuparles.

En cualquier caso, todas estas declaraciones y posicionamientos responden a meros tacticismos para buscar protagonismo en la eventual noticia, si es que llega, de la aprobación de la ley de vivienda asequible. Declaraciones y posicionamientos que nada tienen que ver con el contenido ni con el fondo de la cuestión, ya que en el modelo de vivienda que propugna la ley todos están de acuerdo: PP, Vox y su réplica.

Así, por ejemplo, todos están de acuerdo en la «liberalización de suelo», en aumentar las primas de edificabilidad y en rebajar las exigencias de la vivienda protegida y los controles administrativos. Es decir, seguir confiando en el «mercado» como solución al acceso a la vivienda, sin tener en cuenta que ha sido precisamente «el mercado» -y la ausencia de políticas públicas en materia de vivienda- el causante de la situación actual.

Igualmente PP, Vox y su réplica están de acuerdo en que el precio de la vivienda que propone la futura ley se establezca en referencia a la superficie construida y no a la superficie útil. Este hecho ya encarece el precio de la vivienda en un 20% aproximadamente respecto a la Vivienda de Protección Oficial.

También están de acuerdo en establecer un precio único de referencia -1.840 euros/m2 de superficie construida– para toda la región, eliminando las cinco áreas diferenciadas establecidas en el caso de viviendas protegidas, con precios de referencia diferentes según la zona. Este precio único de referencia representa un incremento de entre un 6% y un 34% frente al precio de las VPO, según cada una de las zonas fijadas para este tipo de viviendas.

Con estos datos, solo hay que hacer un simple cálculo para concluir que una vivienda «asequible», siguiendo el modelo de esta ley -que PP, Vox y su réplica no terminan de cocinar-, costará entre 200.000 y 235.000 euros según se trate de una vivienda de 72 m2 o de 90 m2 útiles (90 y 112 m2 construidos, respectivamente).

Teniendo en cuenta la renta mediana disponible por unidad de consumo en la Región de Murcia y el nivel de los salarios, dichos precios dejan fuera de su alcance a entre el 50% y el 70% de las familias y asalariados de esta región.

Las viviendas destinadas al alquiler tampoco son más accesibles. El precio de referencia establecido es el 6,5% del precio máximo de venta -1.840 euros/m2-, es decir, 9,97 euros/m2 al mes, un precio superior al precio medio del alquiler en el conjunto de la región marcado por la página Idealista (9,1 euros/m2), y que supondría un alquiler inicial de entre 897 euros y 1.116 euros mensuales, con incrementos anuales.

Así pues, la solución no es más mercado, sino la promoción de vivienda pública sobre suelo público, permanentemente protegida y destinada al alquiler asequible, junto con rehabilitación protegida y medidas para movilizar vivienda vacía. Sí, medidas claramente intervencionistas, que es lo que hace falta, Fernando.

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