El Ferrari obligatorio: Cómo la hiperregulación está matando el acceso a la vivienda

En el año 2005, una familia media en la Región de Murcia podía proyectar la construcción de su hogar con una previsión de costes razonable, ajustada a sus necesidades funcionales. Hoy, poco más de dos décadas después, ese mismo sueño cuesta más del doble. Ante esta realidad, el diagnóstico simplista de la izquierda política suele señalar a la «especulación» o a la «avaricia del mercado» como los únicos culpables, olvidando que los primeros culpables son los políticos de siempre, quienes nos obligan a todos a comprarnos un Ferrari y a pagar los impuestos por ese Ferrari, aunque solo necesitemos un utilitario.

Porque los datos revelan que vivimos bajo un paradigma donde esos políticos han convertido el derecho constitucional a una vivienda digna en un artículo de lujo, inaccesible para muchos ciudadanos, a través de la hiperregulación y la voracidad fiscal. O, lo que es lo mismo, un paradigma donde esos políticos han convertido al Estado en un socio obligatorio para el promotor, pero en un socio que solo cobra y pone trabas, sin poner un solo ladrillo.

El primer gran responsable de este incremento es la normativa técnica. Desde 2005, el Código Técnico de la Edificación (CTE) y las directrices europeas han transformado la vivienda en una «máquina de eficiencia» de costes astronómicos. Hemos pasado de aislamientos de 3 cm a exigencias de 12 cm. Se ha desterrado el calentador de gas de toda la vida para imponer la aerotermia, las placas solares o los sistemas de ventilación inteligente. Nadie pone en duda que la eficiencia energética es un valor deseable, pero cuando la ley impone tecnologías que encarecen de media el presupuesto un 24%, se expulsa del mercado a miles de ciudadanos.

Y, en la Región de Murcia, las normativas autonómicas han añadido capas de complejidad, porque la Ley regional exige, por ejemplo, el hueco obligatorio para un ascensor, aunque jamás vaya a instalarse. Es el Estado obligándole a pagar por metros cuadrados que usted no pidió.

Si el coste técnico es asfixiante, el coste laboral y fiscal es, sencillamente, confiscatorio. Contratar a un obrero hoy es un 40% más caro que en 2005, por razones ajenas a su productividad: la subida drástica de las cotizaciones sociales, o los costes de una burocracia que ha llegado al delirio administrativo.

Pero, curiosamente, el mayor beneficiario de todo este encarecimiento es quien lo provoca: el Estado, porque la estructura impositiva actual funciona como un acelerador del precio. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) suele rondar el 4%. Al haberse duplicado los requisitos técnicos, la base imponible sube y, por tanto, la recaudación municipal se duplica automáticamente. Lo mismo ocurre con el IVA al 10% aplicado sobre un total inflado, y con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), donde la Región de Murcia ostenta uno de los tipos más altos de España.

Cuando analizamos el incremento total en el coste de construcción desde 2005, la «trampa» queda al descubierto. Si desglosamos cada 100 euros de subida, encontramos que 89 euros se deben exclusivamente a decisiones políticas: normativa técnica, seguridad, leyes laborales, burocracia y subidas fiscales y solo 11 euros de esa subida corresponden a la lógica del mercado, como el encarecimiento de los materiales o del transporte. El drama es que todo lo que a un trabajador le ha subido el sueldo en los últimos veinte años se lo ha «comido» la incontinencia y la voracidad del legislador.

No estamos ante un problema de especulación privada, sino ante una «mochila legislativa» -creada por políticos que habitualmente no ocupan sus sillones en base a su conocimiento y experiencia profesionales en el área que gestionan- que es hoy un 89% más pesada que en 2005. Construir en la Región de Murcia no es prohibitivo porque los constructores o los promotores pretendan «forrarse», sino porque los políticos de siempre, con la única finalidad de recaudar y de legislar por legislar, les obligan a construir «Ferraris» para todo el mundo, incluso para quienes solo necesitamos un utilitario.

La solución al problema de la vivienda no pasa por crear empresas públicas de vivienda, ni por demonizar a los constructores y a los propietarios. La solución pasa por la libertad. Si realmente queremos solucionar el problema, además de liberalizar suelo, debemos reducir drásticamente la hiperregulación y el peso del Estado en todas las fases del proceso. Mientras no lo hagamos, la vivienda seguirá siendo el sueño imposible de una generación asfixiada por el BOE.