Vivienda: ¿a quién asusta?

Es difícil encontrar una explicación a por qué la vivienda en España siempre se constituye en un problema aparentemente irresoluble que acaba estallando en las narices de todos, preferentemente en las de los ciudadanos menos pudientes y en las del Gobierno de turno. El famoso artículo 47 con el que la Constitución inamovible la consagra parece convertirse periódicamente en papel mojado. Como, por cierto, también lo parecen otros apartados perennemente como el que establece la aconfesionalidad del Estado.

A lo que íbamos. Aún no se acaban de difuminar en la memoria colectiva las tremendas consecuencias sociales de la última crisis de vivienda, aquella propiciada por la avaricia desmedida de muchos y el estallido de la burbuja inmobiliaria, y ya estamos inmersos de hoz y coz en una nueva insostenible carestía habitacional que provoca vivencias inhumanas a muchos ciudadanos. Muchos más de los que razonablemente se podría pensar que las soportarían en un Estado cuya economía va como un tiro, al decir de los que mandan.

Da miedo pensar que la tan publicitada actual bonanza económica española derive en algo parecido a lo que sucedió casi recién empezado el siglo, cuando también se presumía de que el país estaba a punto de superar a Italia, cuarta economía europea, y terminamos en el sumidero que pareció sin fondo de la Gran Recesión. La codicia ladrillera y cementera de que fueron partícipes muchos más ciudadanos de los que cabría pensar que habría en un país medianamente sensato parece estar reproduciéndose ahora auspiciando y retroalimentándose de dos factores claros, quién sabe si fundamentales.

Uno, la codicia de pequeños y grandes tenedores de vivienda que disparan los precios al calor de una carestía provocada sin duda por los segundos, empeñados en actuar, si es que la mayoría no lo son, como buitres carroñeros sacando más del máximo rendimiento, si fuera posible, a sus propiedades inmobiliarias. Lo que provocan ya se sabe lo que es: basta con mirar un poco alrededor: desahucios despiadados, alquileres inalcanzables, gentrificación y uniformización de los centros urbanos... gente, mucha y cada vez más, viviendo en precariedad más frágil que un cristal de medio milímetro.

Dos, la inacción primero y el retardo después de la acción de los gobiernos autonómicos -en cuyas manos están las competencias de vivienda- y del Gobierno del Estado, que han tardado muchos meses más de los que serían deseables en lanzar una propuesta para intentar mejorar la crisis actual. ¿Cuánto tiempo hace que se sufre a las claras la crisis habitacional sin que los gobiernos autonómicos -la mayoría del PP y vergonzantemente Vox- hayan actuado al respecto? ¿Cuánto ha tardado el Gobierno del Estado en reaccionar y avanzar una tímida propuesta de nueva ordenación de la vivienda para mejorar la situación?

Aparte del olvido flagrante del famoso artículo 47, nadie con responsabilidades de gestión local, autonómica o estatal parece haber pensado seriamente y trazado líneas maestras de actuación -más allá de tímidas y tardías propuestas- para sacar de la ciénaga a muchos de los casi diez millones de españoles que tienen entre 30 y 49 años, dando por establecido que, dada la longevidad nacional, podría considerarse "joven" a toda esa franja de población. O para aclarar el futuro más o menos inmediato a los más de ocho millones que tienen entre 15 y 29.

Resulta un cruel sarcasmo que las distintas normas autonómicas de vivienda vigentes pongan el acento en medidas antiokupación -como se sabe, delito de primerísima magnitud hoy en España-, pero no obliguen al uso o a la compra institucional de suelo para construir vivienda protegida accesible y que no pueda ser nunca liberalizada. Se dice que la crisis habitacional fue palpable a partir de 2022. En 2025, se construyeron en el Estado un 22,7% menos viviendas protegidas que en 2024: se pasó de 14.371 a 11.104. En 2008, cuando la burbuja estalló, fueron cinco veces más. Desde 2022, el precio medio de compra de vivienda subió el 12% interanual y el alquiler casi el 30%. El Banco de España calculó en marzo pasado que faltan unas 700.000 viviendas nuevas para estrechar la brecha de oferta y demanda. ¿A quién asusta que se decreten medidas radicales, para revertir la tendencia?

Suscríbete para seguir leyendo