Vivienda: entre tacticismo político y una solución

Mientras PP, Vox y “algunos” juegan al tacticismo político a costa de la futura ley de vivienda asequible -invento de López Miras para explotar electoralmente el discurso de la vivienda sin comprometerse a nada-, lo cierto es que, entre unos y otros, no se atisba en el horizonte solución alguna en nuestra región al principal problema de los murcianos y las murcianas.

El ahora portavoz de Vox, Martínez Alpañez, durante su intervención en el pleno de la Asamblea Regional, en una moción del PSOE sobre vivienda, lanzó al PP una invitación para “mantener una reunión de Vox -de Vox, repitió-, no de algunos, con el PP. Si el PP acepta, podríamos tener una nueva normativa de vivienda aprobada en esta Asamblea Regional, la primera semana de mayo”.

Así están las cosas: Vox y su “réplica” disputándose el protagonismo de la negociación con el PP, ahora que esta le puede dar la mayoría absoluta que no ha ganado en las urnas. El objetivo es no quedar fuera de juego tras la nueva disposición de las fichas en el tablero político regional.

En cualquier caso, poco hay que esperar tanto de la propuesta del Gobierno regional del PP como de las posibles aportaciones de Vox o su “réplica”. No van a variar lo fundamental: el precio establecido de 1.840 €/m2 construido. Obsérvese que dicho precio se establece sobre metros cuadrados construidos, no sobre superficie útil, lo que encarece de entrada un 20% el precio en comparación con el de una VPO estándar de 90 m2.

En este marco, la vivienda, con, al menos un trastero y/o plaza de garaje, que el PP y Vox (o su “réplica”) pretenden consensuar se situará en unos precios finales, incluidos todos los gastos e impuestos, de entre 200.000 y 240.000 euros, dependiendo de si se trata de una vivienda de 72 m2 o 90 m2 útiles. Añádase a esto el coste de una hipoteca.

Este es el resultado de seguir confiando la solución de la vivienda al mercado, sin atreverse, como impone el mandato constitucional a las administraciones públicas, a intervenir en él.

Existen, no obstante, otras políticas posibles como las que se están desarrollando desde el Gobierno de Asturias, donde Izquierda Unida gestiona la Consejería de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos. En primer lugar, se trata de planificar objetivos desde la perspectiva de que, en lo que a la administración pública compete, la vivienda es un derecho ciudadano y no un bien de mercado. Planificación a través de la herramienta ya prevista en la ley regional de vivienda y nada utilizada, como es el Plan Regional de Vivienda.

El último Plan Regional de Vivienda fue el de 2009-2012. Se limitaba solo a regular las ayudas públicas y los procedimientos para calificar como protegidas las actuaciones en materia de vivienda, pero sin marcar objetivos en cuanto promoción de vivienda y menos aún de vivienda pública. Aun así, tenía el valor de ser un instrumento de planificación propio con cargo a presupuesto también propio.

Y aquí está la clave, la planificación debe centrarse en la promoción pública de vivienda, con calificación del suelo y de lo construido como protegido a perpetuidad y con destino, fundamentalmente, al alquiler. Todo sin desdeñar otras actuaciones como la rehabilitación, la promoción privada en suelo público destinada al alquiler mediante concesiones de larga duración y contratos estables o la movilización de vivienda privada vacía para ponerla en alquiler a través de una empresa de gestión pública con garantías para el propietario.

En segundo lugar, destinar los recursos necesarios para una ejecución sostenible en el tiempo del Plan Regional de Vivienda, a través de la recuperación del Impuesto de Patrimonio y la limitación de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las herencias de hasta un millón de euros. Esto permitiría, Fernando, destinar más de 100 millones de euros anuales al desarrollo del Plan de Vivienda Regional. ¿Hablarás de esto con Vox y su “réplica”?

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