Pulso Político | Sánchez coloca a la Región a la cola también en justicia

Siempre decimos que una Justicia tardía es otro tipo de injusticia. Y la Región de Murcia sufre desde hace años una situación insostenible en la materia: la falta de jueces y fiscales no es una percepción, es una realidad que padecen a diario ciudadanos, profesionales y operadores jurídicos. Los retrasos se acumulan, los procedimientos se alargan y el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva queda seriamente comprometido. Y conviene recordar algo esencial: la creación de plazas judiciales y fiscales es competencia exclusiva del Gobierno de España.

No estamos ante un problema nuevo. Los juzgados de la Región de Murcia arrastran cargas de trabajo muy por encima de los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial. Partidos judiciales como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina de Segura soportan volúmenes de asuntos que superan con creces lo razonable. Esto se traduce en juicios señalados con años de retraso, procedimientos penales que se dilatan y litigios civiles o laborales que tardan demasiado en resolverse.

Detrás de estas cifras hay personas. Familias que esperan una resolución sobre una herencia, trabajadores que necesitan una sentencia para recuperar su empleo, víctimas que reclaman justicia o empresas que ven bloqueada su actividad. La lentitud de la Justicia no es un problema técnico: es un problema social, económico y de confianza institucional.

Desde el Partido Popular llevamos tiempo reclamando al Gobierno de España que actúe. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras la Región de Murcia continúa por debajo de la media nacional en número de jueces y fiscales por habitante. No se trata de una cuestión política, sino de garantizar la igualdad entre territorios. Los murcianos merecen el mismo acceso a la Justicia que cualquier otro ciudadano español.

La Región de Murcia ha demostrado su dinamismo económico y social, pero ese crecimiento debe ir acompañado de recursos judiciales adecuados. No podemos aspirar a atraer inversiones, generar empleo y garantizar seguridad jurídica si los procedimientos se eternizan por falta de medios humanos.

Los efectos de lo que no deja de ser un castigo más de Sánchez a nuestra tierra son, por desgracia, nefastos: nuestra Región registra actualmente el mayor atasco judicial del país, con más de 221.000 asuntos pendientes de resolución y unos tiempos de respuesta que superan ampliamente la media nacional.

Los ciudadanos de la Región tenemos que esperar de media más de 12 meses para obtener una respuesta judicial, casi cuatro meses más que la media nacional. Especialmente grave es la situación de los juzgados civiles, que tardan hasta año y medio en resolver procedimientos. Esta situación no es nueva ni coyuntural, sino consecuencia de un déficit estructural que el Gobierno de España lleva años sin corregir.

Como en tantas materias, la inacción el delegado de Pedro Sánchez en la Región, Francisco Lucas, es absoluta. En más de medio año en el cargo, y más de un año como secretario general de los socialistas de la Región, no ha hecho nada para traer las infraestructuras judiciales que necesita la Región ni por las necesidades de los ciudadanos. Mientras los juzgados se colapsan y los ciudadanos esperan años para una resolución, el señor Lucas sigue desaparecido y sin defender los intereses de la Región de Murcia.

Desde el Partido Popular exigimos al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad. La Justicia no puede seguir siendo la gran olvidada en la Región de Murcia. No pedimos privilegios, pedimos lo que nos corresponde: más jueces, más fiscales y una planificación acorde con la realidad.

Ya es hora de que el ministro Bolaños se ponga manos a la obra y termine de una vez con su maltrato a la Región. Nada hay más injusto como la Justicia lenta y tardía a la que nos condena el Gobierno de Sánchez.

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