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Opinión | Noticias del Antropoceno

Algunos son más iguales que otros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / Eduardo Parra / Europa Press

Si queríamos una demostración de las diferentes varas de medir que se aplican a la fuerza laboral en nuestro país, ahí está la rebaja a 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado con efectos al 1 de abril, mientras que desde el mismo Gobierno se pretende reducir a solo 37 horas y media la semana laboral en el sector privado. Si eso no es marcar privilegios, que venga Dios y lo vea.

Llueve sobre mojado. Los funcionarios en nuestro país gozan de condiciones laborales incomparablemente mejores que el resto de los trabajadores, tanto empleados en el sector privado como autónomos autoempleados. Tienen razón los funcionarios argumentando que el acceso a ese estatus se produce por criterios objetivos e iguales para todos. Pero la igualdad de condiciones para acceder no se traduce en igualdad de condiciones para el desempeño.

Los sueldos de los funcionarios son de media un 40 % superiores a los del sector privado para el mismo puesto, por no hablar de los días de vacaciones (los famosos 'moscosos', 'canosos' y otros tantos añadidos a las vacaciones anuales de 22 días a las que tiene derecho cualquier trabajador del sector privado). Los empleados públicos disfrutan de sanidad privada por cuenta del Estado, cosa que resulta cuando menos paradójica. También es importante matizar que estas circunstancias de privilegio se tornan desventajas en determinados sectores, como el caso de los médicos, con condiciones de trabajo ostensiblemente peores que en el sector privado.

Los empleados del sector privado o los autónomos solo pueden soñar con las condiciones de trabajo de las que hoy disfrutan los funcionarios. Que otro sistema es posible se demuestra por la existencia de un modelo alternativo, enormemente más equilibrado y eficiente, que es del que gozan los países de cultura anglosajona y, en concreto, el Reino Unido. El servicio civil británico carece de ese blindaje de por vida del que gozan los funcionarios españoles y, en general, el funcionariado de los países que implantaron el sistema administrativo napoleónico. De hecho, los miembros del 'civil service' pueden ser requeridos para ejercer sus competencias en cualquier sitio. Y pueden ser despedidos si desaparece el puesto.

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