Un edificio en ruinas, una política en quiebra: el ISSL

El cierre de la sede del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) en la Región de Murcia no es un hecho aislado ni una medida preventiva puntual. Es la consecuencia visible de años de abandono institucional, deterioro progresivo y decisiones políticas que han relegado la salud laboral a un segundo plano.

La clausura del centro, motivada por la existencia, no declarada, de un «peligro grave e inminente» conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, evidencia una situación límite: un organismo encargado de velar por la seguridad de los trabajadores se ha convertido en un espacio inseguro para su propio personal.

Desde el traspaso de competencias en 1995, la evolución del ISSL ha estado marcada por una reducción constante de recursos. Lejos de consolidarse como un organismo técnico fuerte, ha sufrido recortes de personal, pérdida de autonomía y un progresivo deterioro de sus infraestructuras. El edificio de El Palmar, ahora cerrado, simboliza esta deriva: humedades, desprendimientos y falta de mantenimiento han desembocado en una situación insostenible.

Este abandono resulta especialmente grave en un contexto de aumento de la siniestralidad laboral. En 2025, 37 personas murieron en accidentes de trabajo en la Región de Murcia, frente a las 21 del año anterior. El incremento obliga a cuestionar el debilitamiento de las estructuras de prevención y la falta de inversión en seguridad laboral.

Diversos estudios europeos han demostrado que invertir en prevención no solo salva vidas, sino que resulta económicamente rentable: por cada euro invertido, el retorno puede multiplicarse entre 2,2 y 5 veces. Sin embargo, estas evidencias no parecen haber influido en la política regional, donde la salud laboral ha quedado subordinada a criterios de ajuste presupuestario.

Entre las decisiones más controvertidas destaca la supresión del ISSL como organismo autónomo, lo que ha limitado su capacidad operativa e independencia técnica. A ello se suma la suspensión de incentivos al personal inspector desde 2010, afectando directamente a la eficacia del control en materia de prevención, sin olvidar la progresiva deriva hacia posturas antisindicales de la Consejería competente.

El cierre del centro ha abierto además un problema inmediato: la situación del personal. Las soluciones pasan por el teletrabajo o la reubicación provisional, pero ambas requieren condiciones adecuadas que no siempre están garantizadas. La paradoja es evidente: quienes deben investigar accidentes laborales han trabajado en condiciones que contravienen los principios básicos de seguridad.

Reducir esta crisis a un problema de infraestructuras sería un error. El estado del edificio es solo la manifestación visible de una política más amplia de desinversión. El debilitamiento del ISSL implica menos inspecciones, menos formación y menor capacidad de prevención, lo que incrementa los riesgos para cientos de miles de trabajadores.

Las demandas son claras: inversión urgente, refuerzo de personal y recuperación del papel técnico del instituto. Pero, sobre todo, se requiere un cambio de enfoque. La salud laboral no puede seguir tratándose como un gasto prescindible, sino como una obligación institucional y un elemento esencial de cohesión social.

El cierre del ISSL no es solo el cierre de un edificio. Es el síntoma de un sistema que ha fallado en su responsabilidad de proteger a quienes trabajan. Y también una advertencia: cuando la prevención se abandona, las consecuencias terminan siendo inevitables.

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