No reprimir la vivienda privada

Uno de los logros de la Unión Soviética más alabados por el comunismo residual (muy influyente en nuestros país) fue la política de vivienda, con la construcción de enormes bloques de pisos con materiales de baja calidad pero que eran entregados sin coste a los trabajadores de la URSS. Ese derecho universal a una vivienda digna que clama a voces nuestra izquierda se concretó de forma efectiva en ese período de la historia universal y en ese modelo de la sociedad hoy desaparecido. Como todo en el comunismo soviético, la gratuidad, o casi, tenía su repercusión indirecta en el alargamiento de las colas de espera.

Es verdad que, en el extremo opuesto, los chinos han demostrado que el capitalismo sin cortapisas funciona mucho mejor. En treinta años, China ha puesto en el mercado un número astronómico de viviendas, que los trabajadores han comprado como si no hubiera un mañana, convirtiéndose de paso en su principal ahorro y fuente de riqueza. La ausencia casi total de trabas burocráticas se debe a una peculiaridad del modelo chino: las autoridades locales no viven principalmente de los impuestos de los ciudadanos sino de la venta de suelo a las promotoras. Así las cosas, estas autoridades son las primeras interesadas en facilitar la producción de viviendas. Debido a este sistema, el problema en China ahora es que no hay suficientes compradores para las viviendas que se construyen.

El caso es que la vivienda es un producto muy complejo de fabricar y solo estimular la oferta por parte de las autoridades funciona, empezando por las locales, que son las que tienen el poder de crear suelo. En el ámbito estatal, la forma de aumentar la oferta de viviendas (en este caso de alquiler) es dotar de seguridad jurídica a los propietarios y liberalizar el mercado. Lo que no funciona es freír a impuestos a la construcción y compra, amordazar a los propietarios a base de otorgar derechos a los inquilinos y limitar los usos alternativos que puede tener un inmueble como cualquier bien económico. Y si el Gobierno quiere construir viviendas para regalarlas a sus clientes, que así sea. Pero que no jodan a los propietarios ni obstaculicen la producción privada.