La política de consumo que (no) tenemos

Dos mujeres depositan su compra en el carrito de un supermercado. / Andrés Cruz

Más cosas por decir que espacio disponible. Sin preámbulos y telegráficamente:

El Servicio Regional de Defensa de la Competencia no dispone de presupuesto y solo lo conforma una persona de la que no se conoce gestión propia.

La Unidad de Inspección (regional) cuenta con 8 profesionales directos para miles de empresas y un millón seiscientos mil habitantes.

Llevamos 18 años esperando el desarrollo reglamentario de la Mesa de las asociaciones de consumidores y usuarios, pero ¿tendría sentido ahora por la adulterada irrealidad asociativa?

De los 45 ayuntamientos, ni los más cualificados por población y capacidad de gestión cuentan con un Consejo Consultivo de Consumo (el regional con más potencialidad de desarrollo). Muy pocos disponen de servicios de inspección. Y quienes los tienen, con medios insuficientes.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), como están concebidas, constituyen una competencia desleal con las asociaciones y un muro de contención: ¿el ayuntamiento se autosancionará ante la reclamación de un ciudadano? Igual aventurar con el Servicio de Atención al Paciente en hospitales.

Las subvenciones a las asociaciones se cuestionan solas por la indignidad presupuestaria, además de ser concedidas con criterios discrecionales. En Consumur, para este año un 6,34% menos que el anterior, mientras que la declarada más representativa ha incrementado un 35,97%. La casi totalidad de las demás, aún vacías de contenido, también han sumado en positivo.

Un registro de asociaciones de consumo adulterado porque de las 2 declaradas más representativas, una ya fuera del mismo porque nunca cumplió los criterios para ello; la otra mantiene ese estatus con datos que la administración de consumo no quiere verificar su autenticidad. Y el resto, salvo alguna, carentes de actividad, y acreditación maquillada sin auditorías de oficio. Nuestra asociación sin acceso a la mayoría de los espacios de representación institucional, ¿habrá que falsear los datos?

La Junta Arbitral de Consumo, aun con falta de medios profesionales, una referencia positiva.

El Teléfono del Consumidor facilita información parcial e incompleta, y no conoce ¿? las asociaciones de consumidores y usuarios existentes.

Una falta de conciencia ciudadana para comprender la capacidad de respuesta y fuerza que se tiene ante los mercados. Tampoco hay una percepción clara de la importancia de asociarse.

Desde la Dirección General de Consumo se participa (personalmente) estos días en actividades en centros educativos, entre otros, y en colaboración con las asociaciones más cercanas, para informar sobre "defensa y protección de los derechos de la ciudadanía" (sic). Pero ante la grave situación de incertidumbre económica y social por la "Guerra de Irán", no se ha tomado, en el marco de sus competencias, ningún tipo de medida de concienciación, orientación, información, control de mercado o incluso coordinación, para reforzar esa protección dada la deriva. En los momentos importantes, la cotidianeidad pasa a un segundo plano.