Presupuestos

El Tribunal Constitucional va a examinar si es ilegal que el Ejecutivo no presente presupuestos, es decir, si está incumpliendo un mandato constitucional

Los presupuestos generales de un Estado son el documento legal anual que recoge la previsión de gastos e ingresos del sector público estatal. Es el principal instrumento de política económica del gobierno. Deben presentarse al Congreso y la mayor partida se destina a la protección y promoción social (el 56%).

¿Qué quiero decir con esto? Pues que al gobierno, sobre todo el ala de extrema izquierda (no olvidar que esto es lo bueno y la extrema derecha lo malo) se les llena la boca -menos mal que en España no existe la boca de la verita, sino la mayoría de ellos estarían mancos- de que están gobernando para que exista lo mejor para los más desvalidos, para las personas más vulnerables y para la protección de las mujeres. Respecto a estas últimas ya lo hemos visto, con la ley de solo sí es sí, con las pulseras anti maltrato y con esconder en un cajón las denuncias de acoso sexual por parte de alguno de los suyos (¿bulo?). Pero es que tampoco se puede dar esa protección y promoción social para las personas más vulnerables, desde el momento que no se han presentado presupuestos generales del Estado, durante los años 2023, 2024 y 2025. Se ha congelado consiguientemente el gasto público en un contexto de aumento de precios, afectando en más de la mitad a la inversión en el área de política social (¿bulo?). Así que no nos cuenten que es un gobierno progresista que está con las mujeres y con los más necesitados.

La obligación de presentar los presupuestos no es baladí, pues viene recogida en la Constitución, en sus artículos 134 y 135 que establecen que los mismos son elaborados anualmente por el gobierno y aprobados por las cortes generales. Ya es sabido, porque él mismo lo ha dicho, que a Sánchez pasa del parlamento porque no para de legislar por reales decretos leyes. No me extraña consecuentemente que le dé igual seguir con los presupuestos prorrogados desde hace tres años.

El Tribunal Constitucional va a examinar si es ilegal que el Ejecutivo no presente presupuestos. Es decir, si está incumpliendo un mandato constitucional, lo que, a pesar de parecer obvio, hemos de esperar esa decisión. Y ello porque en octubre el Senado decidió llevar la situación ante ese tribunal. Se produce pues un choque entre ambos poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, que debe decidir el tercer poder, con Conde Pumpido a la cabeza. En contra de lo que muchos piensan de que entonces va a ganar siempre el gobierno, creo que el tribunal se limitará a aplicar la ley, y por tanto no debemos anticiparnos a lo que él y los demás magistrados, llamados progresistas, de ese órgano van a resolver. Al igual que espero también lo hagan con el tema de la amnistía, que en el caso de que declaren constitucional esa ley, la esperanza quedará puesta en Europa.

En definitiva, en manos de un tribunal está puesto el destino de este país, que no el de Sánchez, pues va a continuar, pase lo que pase, hasta el año 2027, o hasta que encuentre un trabajo que le satisfaga su ego, aunque militantes de su propio partido- los que no le deben nada y simplemente quieren al socialismo de verdad- le piden un cambio en la forma presidencialista de gobernar -postergando el interés general, ante el propio-, si no quiere seguir perdiendo una tras otra todas las elecciones autonómicas, y presumiblemente también las generales, según todas las encuestas serias llevadas a cabo, y por eso no las anticipa, a pesar de esas críticas dentro del propio partido, y la de todos los que no son independentistas, hartos de las concesiones a éstos, a cambio de seguir en la Moncloa.

Así que el gobierno no puede presumir de sus dos grandes banderas, la del feminismo por lo dicho antes, y la de atender a las personas más necesitadas, pues si más de la mitad de los presupuestos generales del Estado van destinados a esa partida, es obvio que, si no se aprueban y ni siquiera se presentan desde hace tres años, es imposible que exista una adecuada protección social. Y de eso se enteran hasta aquellos que nunca se enteran de nada, como las comisiones ilegales y los gustos de sus compañeros de Peugeot.

Las obras sociales comienzan por cumplir la ley, y lo demás son palabras huecas y huérfanas de contenido, cara a la galería para justificar lo injustificable, como es no cumplir la Constitución por quien está más obligado que nadie a dar ejemplo.