Cuando los servicios mínimos dejan de ser mínimos

Los médicos de la Región de Murcia llevamos más de treinta años sin una huelga de esta magnitud. Treinta años sosteniendo el sistema sanitario con jornadas interminables, la máxima responsabilidad y un compromiso que rara vez ha sido correspondido. Y cuando, por fin, ejercemos un derecho constitucional, la Administración responde de la peor manera posible: poniendo todas las trabas posibles para que la huelga no funcione.

Los servicios mínimos impuestos no están pensados para proteger al paciente. Están diseñados para vaciar de contenido el derecho de huelga. No son mínimos: son máximos.

El principio es sencillo y ampliamente reconocido: los servicios mínimos deben garantizar una asistencia equivalente a la de un día festivo. De eso trata una huelga: de parar lo ordinario, asegurar lo imprescindible y reanudar la actividad después. Todo lo que supere ese nivel deja de ser protección al ciudadano y se convierte en coacción.

Sin embargo, lo que se ha impuesto está muy por encima de ese umbral. En hospitalización se exige un 60 por ciento de facultativos sin ninguna justificación objetiva. ¿Por qué 60 y no 40? ¿Por qué no el mismo personal que un domingo? No hay criterio sanitario que lo explique.

En urgencias y en las unidades de cuidados intensivos el abuso es aún más evidente. En un día festivo, estos servicios funcionan con los profesionales imprescindibles. Las puertas de urgencias trabajan con una parte de la plantilla, no con su totalidad: no se cierran, no colapsan y no se dispara la mortalidad. Durante la huelga, sin embargo, se impone el 100 por 100 del personal. No porque los pacientes estén más graves, sino porque los médicos han decidido protestar.

Para justificar este exceso se recurre a un discurso grandilocuente sobre patologías tiempo-dependientes y pruebas «vitales». Pero se mezcla de forma interesada la urgencia real con la actividad programada. Un ictus o un infarto siempre se atienden de inmediato, también los domingos. Eso ya está garantizado y ningún profesional lo discute.

Lo que resulta difícil de sostener es que pruebas incluidas en listas de espera estructuralmente largas no puedan retrasarse unos días por una huelga. En la Región de Murcia, la espera media para una colonoscopia ronda los 158 días. En ese contexto, afirmar que una semana de huelga pone en riesgo la vida de los pacientes no es un argumento clínico: es una coartada.

Algo parecido ocurre con las llamadas consultas oncológicas. Nadie discute que los tratamientos activos no pueden suspenderse, pero muchas revisiones oncológicas son anuales o incluso más espaciadas. Retrasarlas unos días no supone un riesgo clínico. Ningún profesional propiciaría este resultado.

El disparate alcanza su máxima expresión en servicios que nunca trabajan en festivo. El Centro Regional de Bioquímica y Genética Clínica no abre sábados ni domingos. Jamás lo ha hecho. Y, sin embargo, durante la huelga se impone un 50 por ciento del personal habitual. Lo mismo ocurre en el centro de hemodonación, donde se exige más actividad que en un día festivo. No se garantiza lo esencial: se inventa actividad mínima donde nunca la hubo.

Y Atención Primaria es, probablemente, el ejemplo más visible de todos. Los centros de salud están cerrados los domingos. No hay consultas ordinarias. Aun así, durante la huelga se imponen mínimos completamente arbitrarios. Da igual que un equipo tenga cinco pediatras, cuatro o tres: en todos los casos se exige que trabajen dos. No es un porcentaje, no es proporcional, no responde a ninguna necesidad asistencial. Es una cifra fija impuesta sin criterio clínico alguno. En la práctica, se obliga a abrir consultas ordinarias en plena huelga, algo que no ocurre ni siquiera en un festivo. Esto no es garantizar la asistencia esencial: es anular la huelga por decreto no justificado.

Ni siquiera en huelgas recientes, como la de diciembre, se impusieron mínimos tan extremos, y el sistema no colapsó. Lo que ha cambiado no es la evidencia científica, sino la estrategia administrativa: cuanto más se moviliza el colectivo médico, más se endurecen los mínimos.

Pero hay algo que la Administración parece no haber entendido. Cada intento de restringir el derecho de huelga, cada servicio mínimo abusivo, cada decisión arbitraria, no apaga el conflicto: lo alimenta. Lo que hoy se impone por la fuerza administrativa, mañana se discutirá en los tribunales. Y mientras tanto, lo único que nos queda es alzar la voz, salir a la calle y defender con firmeza lo que nos pertenece.

Porque un colectivo al que se le niega su derecho a protestar no se vuelve más dócil: se vuelve más consciente, más unido y más decidido.

Y porque esta lucha, por mucho que intenten ahogarla con servicios mínimos irreales, no se va a silenciar.

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