Opinión | Con la venia
Los precios del transporte se disparan por la catástrofe: ¿es legal lo que pasó tras Adamuz?

Accidente de Adamuz
Lo sacó a la luz el mismo Ministerio de Consumo: se había detectado un incremento en el número de denuncias recibidas por la subida excepcional de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas a causa del luctuoso accidente de tren en Adamuz, que se saldó con más de cuatro decenas de muertos. En nuestro despacho, especializado en consumo, llegaba esta misma semana una consulta al respecto: ¿es legal hacer esto?
Es obvio que, cuando se produce una incidencia grave (como un accidente) que altera la normalidad del transporte, los usuarios se ven obligados a buscar alternativas urgentes para llegar a su destino. Y ahí se dan los repuntes de precios que generan dudas razonables sobre su legalidad.
Hay que poner el acento en que, con carácter general, el ordenamiento jurídico español no prohíbe automáticamente las subidas de precios derivadas del aumento de la demanda.
Ahora bien, sí existe una prohibición clara cuando nos encontramos ante una situación oficialmente calificada como emergencia, conforme a la normativa de Protección Civil. En este caso, las autoridades pueden intervenir y adoptar medidas excepcionales para evitar incrementos injustificados de precios cuando estos se producen aprovechando una situación de necesidad colectiva.
Hay comportamientos que pueden ser objeto de reproche jurídico. Por ejemplo, imaginemos una empresa que tenga, por ejemplo, la exclusiva del trayecto en autobús de Madrid a Anda, y que, tras una tragedia que deja inutilizados los trenes, sube de golpes los precios. La firma en cuestión podría estar incurriendo en un abuso de posición dominante, prohibido por el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Ley de defensa de la competencia.
Además, la compañía podría esta realizando prácticas desleales (también contempladas en la ley) si omite de forma intencionada la razón por la cual ha subido los precios, esto es, si se aprovecha de la necesidad del consumidor.
¿Qué puedo hacer si soy víctima de algo así, si me cobran un disparate por un billete, ya sea de tren o de avión o me cancelan o retrasan en exceso la salida? Lo primero, consultar a un abogado especialista en derecho de consumo que valore su caso concreto. De su mano, le puede asesorar para presentar reclamaciones, tanto en atención al cliente de cada compañía o en su Oficina Municipal de Información al Consumidor. El profesional sabe qué hacer.
¿Qué podemos pedir?
Reembolso del coste del billete y demás gastos como dietas, hoteles o transportes alternativos por cancelaciones o retrasos, además de una indemnización por daños y perjuicios.
Las situaciones de emergencia ponen a prueba no solo a los servicios públicos y a las infraestructuras, sino también al respeto de las empresas por los derechos de los consumidores. Corregir estas conductas puede estar en nuestra mano, como consumidores, si no las dejamos pasar. Por eso, con la guía de un abogado especializado, tendrá a su alcance las mejores herramientas para poder ejercitar la defensa de sus intereses.
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