Armados hasta los dientes

Si hay algo peculiar que diferencia la cultura americana del resto del mundo es la relación de sus políticos y sus ciudadanos con las armas. Y no es solo el hecho de que en ese país haya más armas que ciudadanos, aunque no estén ecuánimemente repartidas; lo más sorprendente es el argumentario que gran parte de los norteamericanos tiene asimilado por el hecho de vivir en ese país.

La gente está convencida de que la posesión de armas de fuego es un derecho constitucional y que su propiedad por parte de ciudadanos normales se justifica porque sin ellas estarían indefensos frente a los delincuentes. Argumentos que son una pura mentira -en el primer caso- y demagogia barata en el segundo. Mentira porque la Constitución habla del derecho a que los estados mantengan una milicia armada, no de que todo el que quiera pueda poseer armas. Los estados se atienen a ese derecho constitucional con la respectiva Guardia Republicana, que utilizan en circunstancias extraordinarias bajo órdenes del gobernador. La demagogia del segundo argumento radica en que la violencia armada debería ser una prerrogativa exclusiva del Estado en cualquier país civilizado. El hecho de que alguien abuse de la ley no debería servir de cobertura para que todos se armen.

La mayoría del público norteamericano se opone a la proliferación de armas en manos de la gente, sobre todo rifles de asalto. La realidad es que son los políticos electos los que rinden pleitesía al lobby armamentístico por las sustanciosas donaciones electorales que reciben de los fabricantes. La estupidez supina es ver estos días cómo sus defensores (votantes de Trump) se revolvían ante los oficiales del ICE que culpaban a Alex Petit, la reciente víctima mortal de sus desmanes, de ser un peligro por el hecho de que portaba un arma de forma visible. Una herejía a los ojos de los que defienden el supuesto derecho constitucional a portar armas y, en algunos estados, a exhibirlas en público.

La revuelta de los radicales defensores de las armas es lo que ha provocado la dimisión del oficial que comandaba las fuerzas de los ICE, no las protestas de los ciudadanos frente al execrable crimen.

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