Sánchez utiliza la inmigración para tapar la tragedia de Adamuz

Estamos ante un ejercicio de trilerismo más de quienes nos malgobiernan, especialmente indigno en este caso. El decreto de regularización masiva no es sino una nueva cortina de humo, algo en lo que, cabe reconocer, el inquilino de la Moncloa es un consumado especialista. En esta ocasión, con la perversa pretensión de tapar la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz, producto de su escandalosa negligencia, posiblemente agravada por la corrupción.

Es verdaderamente inmoral y vergonzoso que se quiera desviar la atención que se debería prestar de manera prioritaria a 46 españoles muertos, a cientos de heridos, a sus familias, a las víctimas de una catástrofe que ha conmocionado a España entera. Porque a todos ellos les debemos conocer la verdad, averiguar las causas de un desastre que podría haberse evitado. Sin embargo, el mismo Gobierno cuyo ministro del ramo, encima, comete la indecencia de presumir de ‘hacer bien su trabajo’; y cuyo presidente ya mostró su verdadera ‘empatía’ con las víctimas de desastres cuando con motivo de la dana en Valencia dijo aquello de ‘si necesitan ayuda, que la pidan’, y que ahora ni tan siquiera ha tenido el detalle de acompañar a las familias y amigos de los fallecidos en la misa funeral de Huelva, no asume ninguna responsabilidad política.

No solo eso. En otro acto de desprecio y humillación a las víctimas del caos ferroviario, ahora este desgobierno que sufrimos los españoles pretende distraernos anunciando la repentina regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. A los que Pedro Sánchez le importan exactamente igual que las víctimas de la dana o del accidente ferroviario de Adamuz: absolutamente nada. Solo los quiere utilizar para su propio beneficio político. Su objetivo no es otro que tratar de imponer un cambio en la agenda política, una vez más con un asunto que sabe muy bien que genera controversia. Se trata, otra vez, de confrontar y polarizar entre buenos y malos. Ni más ni menos, de erigir otro muro, que en este caso divida entre quienes aplaudan ciegamente esta medida, presentados como progresistas ‘guay’ y humanitarios, y aquellos que simplemente pongan reparos, obviamente descalificados como la ‘fachosfera’.

Pero la realidad es, desde luego, mucho más compleja que el trazo grueso que pretenden imponer desde la Moncloa y afines. Esta regularización masiva no solo premia la ilegalidad, algo a lo que por desgracia es tan dado el sanchismo, y produce un injusto agravio comparativo con los inmigrantes que sí han acudido a los cauces legales. Además, contraviene el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo del año 2008, el cual se adoptó precisamente ante una medida similar tomada, cómo no, por Zapatero en 2005. El cual especifica que las regularizaciones deben limitarse a caso por caso, que cualquier legalización debe ser individual y no general y que deben basarse únicamente en razones humanitarias o específicamente económicas de cada individuo.

Pero es que el nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo suscrito por el propio Pedro Sánchez establece que a un inmigrante en situación irregular se le concede asilo individual, nunca colectivo, o bien se le inicia el trámite de retorno inmediato a su país de origen, algo que este Gobierno jamás ha cumplido y ha vulnerado constantemente.

Además, legalizar una cantidad tan enorme de inmigrantes tendrá graves consecuencias: en primer lugar, un ‘efecto llamada’ similar a la que se produjo tras la regularización de 2005, que dio lugar a nuevas olas de inmigración irregular. Por desgracia, las mafias que trafican con seres humanos se estarán frotando las manos.

Asimismo, la presión sobre los servicios públicos, esos que el propio Gobierno de Sánchez ha descuidado, se multiplicará. La sanidad y la educación correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades autónomas infrafinanciadas, como es el caso desgraciadamente paradigmático de la Región de Murcia.

La política migratoria de Sánchez es tan disparata como la ferroviaria. El Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, las cambiará de arriba abajo cuando llegue al Gobierno de España.

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