López Miras traiciona a los pensionistas

El pasado martes votamos en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto 16/2025, en el que se prorrogaban medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptaban medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Todas ellas beneficiaban claramente a la Región de Murcia, pero el decreto quedó derogado con los votos en contra de los diputados y diputadas del PP y Vox, incluidos los de la Región.

La actuación del Gobierno de España desde que Pedro Sánchez es presidente se ha centrado en promover el crecimiento y el desarrollo económico, siempre sin dejar a nadie atrás. Y lo ha hecho con éxito. Los principales organismos nacionales e internacionales sitúan a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo.

La convalidación de este Real Decreto llegaba en un momento importante para nuestro país y para nuestra región, donde la actuación política del Partido Popular se encuentra totalmente inactiva porque está en manos de la ultraderecha de Vox. Sin embargo, era imprescindible actuar con responsabilidad para aprobar este Real Decreto tan necesario para nuestra región, por lo que pedimos responsabilidad a los políticos del PP en la Región, como ya hizo el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que ha tendido la mano en numerosas ocasiones a López Miras para evitar que cediera al chantaje continuo de Vox, lo que está suponiendo el recorte de derechos y libertades para la ciudadanía.

Este Real Decreto mantenía la protección a colectivos vulnerables y evitaba un vacío normativo con graves consecuencias para las familias de nuestro país y de nuestra región. Recogía tres medidas importantes en materia del trabajo y pensiones, en materia de apoyo a la población más más vulnerable y en materia tributaria.

En primer lugar, se prorrogaba el Real Decreto que fijaba el Salario Mínimo interprofesional para 2025. También se incluía la revalorización de más de 13 millones de pensiones y prestaciones de Seguridad Social, permitiendo mantener e incrementar el poder adquisitivo de los pensionistas. Las pensiones contributivas se incrementaban un 2,7% atendiendo a la subida del IPC del año anterior, lo que suponía un aumento de 570 euros. Las pensiones mínimas se incrementaban un 7% y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital crecían un 11,40%.

Por lo tanto, como consecuencia del voto de los diputados y diputadas del PP y Vox de la Región de Murcia, 270.649 personas en la Región de Murcia se han visto perjudicadas. Los pensionistas dejarán de percibir, de media, más de 500 euros al año y, en el caso de las pensiones mínimas no contributivas, la pérdida se sitúa entre 50 y 100 mensuales.

Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, las pensiones han subido entre 350 y 425 euros al mes. Por lo tanto, son el Partido Popular, Vox y el resto de partidos que votaron en contra del decreto, los que se han opuesto a esta subida de las pensiones. López Miras tendrá que explicar a los pensionistas murcianos y murcianas por qué ha ordenado a sus diputados que voten en contra de estas mejoras para nuestra región.

El PP ha hecho lo que viene haciendo históricamente en este país. En 2012, 2013, 2017 y 2018, los gobiernos del Partido Popular no subieron las pensiones sobre la base de la revalorización del IPC. En 2014 y en 2018 solo subieron las pensiones un 0,25% y mandaron una carta cuyo coste era mayor que la subida que percibían nuestros ciudadanos. Y en el 2012 votaron en contra del proyecto de ley que vinculaba la subida de las pensiones a la revalorización del IPC. Por lo tanto, basta ya de excusas. Tienen que decir la verdad, que no defienden el modelo de pensiones que tiene este país de actualizarse sobre la base del IPC.

Lo que ha quedado claro es que el PP de López Miras prefiere atacar al Gobierno de España y confrontar con Pedro Sánchez antes que defender los intereses de la Región. En definitiva, la no convalidación del decreto 16/2025 perjudica de forma clara a la Región de Murcia: menos ingresos para los pensionistas, menos protección para hogares vulnerables, incertidumbre para trabajadores con salarios bajos, mayor presión fiscal y administrativa para autónomos y menores recursos para la Comunidad Autónoma.