Los trenes ya no son románticos

«La situación está a punto de cambiar para decenas de miles de personas que llevan años viviendo en la Región de forma irregular y siendo ciudadanos de tercera, con muchos menos derechos que el resto». El entrecomillado es un copia y pega del subtítulo de la información con que La Opinión ofrecía la noticia del impacto que la regularización de inmigrantes tendrá en esta Comunidad, que se calcula que podría incluir a un máximo de 35.000 personas. Tendríamos que celebrar este acontecimiento como se merece, pues en teoría ningún ciudadano de origen debiera complacerse en convivir con un colectivo heterogéneo que, aun contribuyendo a la economía general tiene mermados los derechos de que nos hemos dotado en una sociedad regida por el Derecho. No obstante la obviedad, esta regularización es probablemente una de las medidas más controvertidas del actual periodo político, lo que significa que existe una profunda enfermedad en el tejido democrático, tan profunda que pone en riesgo incluso el sentido de la democracia misma.

¿Es justa?

Nadie que no haya nacido ayer sabe que las decisiones de los Gobiernos, aun las más benéficas, no se toman siempre por benéficas sino porque interesan, por unos u otros motivos, a sus estrategias. Esto conduce a otras partes interesadas a derivar la atención sobre la justicia de las decisiones gubernamentales a las razones de oportunidad de éstas. La pregunta lógica tras el anuncio de regularización habría sido: ¿es justa esta medida? Sin embargo, las reacciones en la oposición han apuntado a asuntos colaterales: uno, rápidamente desautorizado por la realidad (regularizar no es nacionalizar en primera instancia), referido a que el Gobierno pretende sumar medio millón de votos que vendrían de la inmigración, agradecida por el trato recibido; dos, que el Gobierno aspira a recomponer la lealtad de la mayoría de investidura integrando de nuevo a Podemos, que venía reivindicando esta acción de manera más visible que otros y, por apuntarse este tanto, los de Belarra tal vez harían la vista gorda con la cesión de las competencias sobre inmigración a Cataluña, tal como exige Junts, a pesar de que esto supondría que lo que los inmigrantes ganan en el conjunto nacional lo perderían en aquella Comunidad, dado el carácter xenófobo de la derecha política catalana.

Sean cuales sean las intenciones implícitas del Gobierno, la pregunta no respondida por la oposición popular sigue en el aire: ¿es justa la medida? Incluso aunque se añadan más matices que reforzarían la impresión de que Pedro Sánchez ha hecho un nuevo looping para reajustar su mayoría parlamentaria. Por ejemplo, saltarse (y esto suena paradójico) el Parlamento con la fórmula del decreto-ley. Incluso aunque quede a la vista que la regularización masiva no es del gusto del Gobierno, pues de serlo no habría metido en el cajón durante meses la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que obligaba a abrir ese debate en el Congreso de los Diputados. Incluso aunque la iniciativa forme parte de ese paquete de ‘medidas sociales’ solicitado recientemente a los ministerios para sortear el hecho de que la acción del Gobierno está paralizada porque ha perdido el apoyo de una parte de la mayoría parlamentaria que lo eligió. Pues bien, insisto, a pesar de todas las pegas formales reseñadas y de otras que se podrían añadir, la pregunta sigue flotando: ¿es justa la regularización anunciada?

Que le pregunten a Aznar

Tal vez el expresidente José María Aznar tendría algo que decir al respecto, pues a lo largo de sus dos legislaturas y en sendas tandas promovió la regularización de una cantidad de inmigrantes equivalente a la que ahora impulsa el Gobierno de Sánchez. Entonces nadie aludió a intereses colaterales, sino a razones de integración y normalización para evitar la existencia de un mercado laboral paralelo en el que las personas procedentes de otros países trabajaban en situación de semiesclavitud o morían de madrugada en accidentes de clandestinas furgonetas, como ocurrió en Lorca.

Aznar fue el mismo presidente que al poco de su toma de posesión reaccionó a la deportación de un grupo de inmigrantes subsaharianos, tras sedarlos para evitar acciones de rebeldía en el avión que los sacó de España, con la frase «había un problema y se ha resuelto». Es evidente que el ejercicio del poder le permitió conocer la realidad compleja de la cuestión inmigratoria, y admitió con hechos que ‘el problema’, en caso de que desde su mentalidad fuera un problema, tenía otras maneras de resolverse distintas a disponer de flotas de aviones para devolver a sus países a quienes aspiran a trabajar en el nuestro.

Otra vez la pregunta: ¿es la regularización una decisión de justicia, con independencia de los motivos subyacentes en la estrategia de Sánchez? Para Aznar, que pasa por ser la derecha de la derecha del PP, sí, a juzgar por los hechos registrados durante su gestión. Por tanto, si Aznar regularizó a medio millón de inmigrantes, ¿por qué el PP de Feijóo encuentra ahora razones para votar en contra en caso de que Sánchez llevara el asunto al Parlamento con un cálculo similar de beneficiados?

Regularizarlos o cazarlos

El problema para el actual PP se llama Vox, que expone una política clara sobre la inmigración, a la que es contraria en extremo, prejuiciosa y fóbica, en línea con sus referentes internacionales cuya hipérbole está significada en Trump, quien hasta ha puesto en marcha un ejército paralelo de naturaleza impune para la caza de inmigrantes, incluso de los arraigados, y que no duda en resolver la resistencia a tiros. Esta política, por pasmoso que resulte, es la que está haciendo crecer a los abascales en las encuestas, hasta el punto de que se sospecha que la regularización anunciada por Sánchez le supondrá un sprint de última hora en el proceso electoral aragonés. Tanto es así que en el capítulo de supuestas intenciones solapadas, hay quienes atribuyen al presidente del Gobierno haber tomado esta medida en plena campaña de Aragón para provocar un reimpulso de Vox a costa del frenazo del PP, y esto aunque ayude poco a Pilar Alegría, pues a fin de cuentas el estrépido de su fracaso se da por amortizado.

La claridad programática de Vox (la contrainmigración es casi su única política), hasta el punto de negar la inevitabilidad del fenómeno inmigratorio, está siendo respondida desde el PP con improvisación y ambiguedad en sus propias posiciones, si las tuviera. Los intentos de formalizar con los presidentes autonómicos una línea definida han ido cayendo en saco roto, dada la influencia de Vox en algunos territorios, donde (es el caso de Murcia) el PP se ve obligado a secundar, aun con reticencias y circunloquios, el marco establecido por Vox: véase el largo proceso para la constitución del Gobierno de Extremadura, aunque sepamos de antemano que concluirá con la aceptación de las exigencias de los abascales en política inmigratoria.

La derecha contra sí misma

Llegados aquí, conviene hacerse otra pregunta: ¿quién dijo que las políticas inclusivas de los inmigrantes corresponden exclusivamente a la izquierda? Quienes los emplean mayoritariamente son empresarios del campo, sector donde Vox cuenta con su más cacareado nicho, o de la construcción, o de otros sectores que se suelen dar por proclives a la derecha. Además, una institución tan importante y de tanta autoridad moral en ese espectro sociológico como la Iglesia viene clamando por un trato humanitario, inclusivo y respetuoso a la inmigración, antes, durante y después del papa Francisco. ¿Cómo es que la derecha es tan defensora del papel social de la Iglesia y hace una excepción en lo referido a sus dictados sobre inmigración? Mientras tanto, el PSOE y sus epígonos a la izquierda se arropan con la defensa de los inmigrantes, pero son los empleadores que comparten las políticas económicas de la derecha quienes más los necesitan. Sería espantoso suponer que los necesitan, sí, pero desregulados, es decir, vulnerables, explotables. Ya resulta mareante aceptar que en la Región de Murcia hay decenas de miles de personas sin derechos ciudadanos básicos.

Egoísmo como ingenuismo

Dice Feijóo que la regularización masiva colapsará los servicios públicos, y en ese análisis lo que subyace es que las personas carentes de inserción administrativa no debieran tener acceso a esos servicios. ¿Podríamos mantener la conciencia tranquila sabiendo que nuestros vecinos extranjeros, con los que nos cruzamos cada día, son ciudadanos de tercera? Y apela también Feijóo al ‘efecto llamada’, un concepto retorcido, pues es obvio desde hace décadas de que tal efecto existe sin necesidad de crear nuevas expectativas sino por razones aspiracionales de mera supervivencia, que es lo que lleva a miles de personas a jugarse la vida a cara o cruz en las pateras. Muchos inmigrantes vienen a pesar de los riesgos, del maltrato que puedan recibir y de la exclusión a que se pueden ver sometidos. Es una fuerza superior a estímulos extraordinarios.

La regularización no es una iniciativa buenista ni ingenuista, ni siquiera izquierdista, sino normalizadora y contributiva. Solo demagogas profesionales como Irene Montero son capaces de hacerle el juego a Vox reproduciendo la ‘teoría del reemplazo’ al afirmar que ojalá los inmigrantes sustituyan a tanto facha como hay en nuestro país, dando por supuesto que aquéllos son podemitas antes que personas a las que no se les pregunta por su ideología; se le olvida que una gran parte de los votantes de Trump proceden de la inmigración. Al inmigrante se le respeta por sí mismo, no por lo que se supone que pueda pensar. Los que a los desplazados venezolanos del régimen de Maduro llaman ‘gusanera’ también tienen derecho a la regularización.

Por decirlo en estricta jerga liberal: la regularización es una acción egoísta, pues integra una potente masa laboral en huecos importantes del sistema productivo desalojados previamente por la inadaptación a ellos de los nacionales de origen. Que esto conlleve ciertas incomodidades para ‘la gente de orden’ a la hora de usar los servicios públicos debería llevarles antes que nada a preguntarse sobre quiénes contribuyen decisivamente a la financiación de esos servicios. Que la segunda o tercera generación de inmigrantes se muestre inconformista con su destino y decida aprovechar las oportunidades de nuestro sistema para acceder a estudios y empleos de calidad debiera ser entendido como un acicate para la sociedad, pues supone la incorporación de talento. Gráficamente dicho: uno se siente más orgulloso de su vecino Mohamed, quien explotando su tienda ha dado estudios universitarios a su hijas, que de Paquirrín, genuino producto nacional.

Lo inquietante

Ahora bien, lo inquietante de la cuestión rebasa la propia dinámica de Vox y del PP al respecto. Hay un virus en la sociedad que el primero explota y el segundo no sabe manejar, así como desgasta al PSOE y a los partidos a su izquierda, que genera un rechazo casi antropológico a la inmigración. Estimularlo es suicida, así como ignorarlo. Es irracional, pero se extiende. Los partidos políticos, al menos los que aspiren a moderarlo, debieran encontrar un espacio de acuerdo que facilite el control de un efecto tan desatado, y daría igual si la decisión de Sánchez obedece a una estrategia instrumental. Lo importante es que la regularización es justa. Tal vez para combatir este calambre debieran recetarse todos, como Carlos Alcaraz para lo suyo, una buena pócima de jugo de pepinillos.