El fracaso de la subida de las pensiones | La culpa es del Gobierno

Hay pocas cosas más miserables que infundir miedo a los jubilados para obtener rédito político. El sistema de previsión social es una estafa piramidal que hace que los pensionistas malvivan con prestaciones muy inferiores a las que podrían disfrutar si dispusieran de lo que han pagado a lo largo de los años. El colmo es que, además de robarles la mayor parte de su riqueza, ahora también jueguen con su miedo a perder una revalorización que, simplemente, sirve para evitar perder poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

El Gobierno no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante sus leyes, pero eso es un problema de Pedro Sánchez y de los que lo apoyan; no de los jubilados. El presidente ha renunciado a gobernar y se mantiene en el poder a golpe de decreto. Peor para él. La anomalía en la que vivimos hace que estemos sin Presupuestos Generales del Estado, porque el Ejecutivo no quiere verse sometido al escarnio de que el Congreso se los rechace una y otra vez. De nuevo, esa es una carga que no puede trasladar a la sociedad. Si Puigdemont no le da sus votos, que lo arreglen entre ellos... si es que eso tiene algún arreglo posible.

La única manera que tiene el Gobierno de sacar adelante la actividad legislativa en estos momentos es hacerlo a través de Decretos Leyes, una fórmula establecida para situaciones excepcionales que el sanchismo ha convertido en la norma habitual. A Sánchez le parece normal gobernar sin el poder legislativo y seguir gestionando la economía de la decimotercera economía del planeta Tierra con unos presupuestos aprobados antes de las últimas elecciones generales. A la izquierda en general y a los medios gubernamentales también les parece muy bien porque, aquí, de lo que se trata no es de ejercer el poder con sujeción a los principios de una democracia, sino de impedir que el rival llegue al Gobierno, un fin que justifica todos los medios empleados para ello.

La falta de escrúpulos de la banda sanchista le llevó esta pasada semana a presentar un decreto con más de una docena de importantes reformas, que incluyen asuntos tan dispares como la revalorización de las pensiones y la suspensión de la expulsión de los okupas que se declaren en situación de vulnerabilidad. Todo en una misma votación y sin posibilidad de discriminar cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. La oposición tumbó la iniciativa y la izquierda lanzó la campaña que ya tenía preparada, según la cual los pensionistas tendrán que buscar en los contenedores algo para llevarse a la boca por culpa de la derechona. Y de Puigdemont, claro, pero esto último se dice en tono más bajo, no sea que el delincuente fugado se enfade todavía más.

¿De quién es la culpa de que la subida de las pensiones permanezca en el limbo? Pues, naturalmente, del Gobierno, que es el responsable de tramitar esa iniciativa buscando los cauces necesarios para su aprobación. Ocurre lo mismo que en Murcia con las leyes y reformas que trata de poner en marcha el Ejecutivo murciano y decaen en la Asamblea Regional. La oposición está en su derecho de rechazar aquello que no le gusta, y si el partido que gobierna no tiene mayoría absoluta, como ocurre en Madrid y Cartagena, suya es la responsabilidad de alcanzar acuerdos. En el peor de los casos, si se llega a una situación de bloqueo permanente, lo único decente es convocar elecciones, que es exactamente lo que decía Sánchez cuando el que gobernaba con apuros era Mariano Rajoy.

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